Desde que comenzó la discusión del pacto colectivo, en febrero de 2024, se han presentado distintas acciones legales: primero, para levantar la confidencialidad del borrador del documento que está en negociación; luego, para declarar inconstitucionales algunos artículos del acuerdo vigente; y ahora surgen varios amparos contra las acciones que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) lleva a cabo en protesta por las decisiones del Ministerio de Educación (Mineduc).

El Movimiento Cívico Nacional (MCN) presentó en mayo de 2024 un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el pacto colectivo que se negocia entre el STEG y el Mineduc fuera de conocimiento público. Un año después, en mayo de este año, se llevó a cabo la vista pública para la exposición de argumentos. En la cita participaron representantes de la organización y el Ministerio Público, mientras que el Mineduc no asistió.

“Es un derecho de los ciudadanos el poder tener acceso a la información pública, a todo tipo de información que sea manejada por la administración pública, y de todas las instituciones del Estado”, indicó Pablo Guerra, coordinador de formación ciudadana del MCN.

Por otro lado, en noviembre, el movimiento presentó a la CC una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1 del acuerdo ministerial que permitió mantener en reserva el contenido del pacto colectivo. También se desarrolló la vista pública.

Hasta el momento, ninguno de los recursos ha sido resuelto. Según Guerra, esto es preocupante porque se corre el riesgo de que primero finalice la negociación entre el STEG y el Mineduc.

“Sabemos de la carga y de la mora judicial que hay en el sistema de justicia de Guatemala, y que los procesos son tardados, pero deberían realizarse con premura, debido a que hay peligro de que nos quedemos sin materia”, agregó, por lo que piden a las cortes resolver apegadas a derecho.

En demanda por conocer lo que se negocia en el pacto colectivo del magisterio, también en mayo de 2024, los abogados Édgar Ortiz y Javier Urízar presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de amparo para que se revele dicha negociación. Este fue denegado, pero en enero de este año la CC resolvió una apelación que revocó esa decisión y ordenó que el recurso vuelva a conocerse.

De acuerdo con Ortiz, el principal argumento para solicitar el amparo fue que los pactos colectivos son de interés público, por lo que no cabe declarar la reserva de la información, y que el artículo 30 de la Constitución Política reconoce la obligación de que todos los actos de la administración sean públicos, salvo asuntos militares, diplomáticos de seguridad nacional o información sensible. Por otro lado, el artículo 35 reconoce la libre expresión, que también incluye la libertad de flujo de información, agregó.

“Aunque la CC le ordena a la Corte Suprema conocer nuevamente el amparo que presentamos, porque inicialmente lo habían suspendido —por razones procesales, no de fondo—, nos hemos encontrado con que, desde enero, la Corte Suprema no ha tomado la más mínima iniciativa para continuar con este trámite. Eso habla de la falta de interés que se tiene en proteger los derechos básicos de los guatemaltecos”, dijo Ortiz.

En mayo de 2024, también el presidente Bernardo Arévalo envió una consulta a la CC sobre si las negociaciones eran confidenciales, pero esta se abstuvo de emitir opinión, debido a que los cuestionamientos no fueron constitucionales.

Contra suspensión de clases

Mientras se resuelven los recursos interpuestos para que el proyecto del pacto colectivo del magisterio sea público, las negociaciones entre el STEG y el Mineduc continúan todos los miércoles. Los artículos que faltan por ser discutidos son aquellos que tienen un impacto económico para el ministerio, como lo señalan las actas que se levantan después de cada reunión, a las cuales Prensa Libre ha tenido acceso.

Uno de esos artículos está relacionado con el incremento salarial para los maestros; sin embargo, las autoridades de Educación decidieron que el aumento será del 5% a partir del 1 de junio. Además, solicitaron a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que presentara ante la CC una acción de inconstitucionalidad contra siete artículos del pacto que afectan directamente la rectoría del Mineduc en materia de política pública educativa.

El sindicato se ha mostrado inconforme con dichas decisiones y, desde el 19 de mayo, los docentes afiliados al STEG están en asamblea permanente. Desde el 26 de mayo, un grupo de sindicalistas de distintos departamentos acampa en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina. Esto afecta a estudiantes de 5 mil 800 escuelas que no han recibido clases desde entonces.

Los juzgados Cuarto y Quinto del ramo laboral han otorgado amparos provisionales a favor de la PGN, con los que se busca que los integrantes del STEG vuelvan a las aulas y depongan las medidas de hecho.

Las acciones de amparo se otorgaron el 3 y 4 de junio. La PGN presentó, el 9 de junio, un recurso para que se cumpla con lo ordenado en los amparos.

Anabella Giracca, ministra de Educación, ha dicho que, al no deponer las medidas de hecho, los maestros “incumplen” con los amparos que se han otorgado para que regresen a dar clases. Hasta este 10 de junio, el Mineduc había levantado 5,632 actas disciplinarias a docentes que no han cumplido con sus funciones.

Reformas a la ley

A través de una iniciativa de ley presentada este 12 de junio, la bancada Semilla busca reformar la Ley de Acceso a la Información Pública para prohibir la confidencialidad de los pactos colectivos de condiciones de trabajo en el sector público.

También busca que haya sanciones para quienes obliguen, coaccionen o intimiden a trabajadores del Estado para participar en movilizaciones de índole sindical.

Además, la reforma contempla que la información sobre nóminas, salarios, bonos y emolumentos que perciben los empleados y trabajadores del Estado sea pública.