En sesión del 10 de marzo, el oficialismo y la oposición consiguieron acuerdos para elegir a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes tendrán a su cargo la organización del proceso electoral del 2027 en Guatemala.

En ese sentido, tres de los magistrados elegidos —dos titulares y un suplente— compartieron este 11 de febrero en entrevista con Prensa Libre Radio sus puntos de vista sobre cómo avizoran la organización y las elecciones que se aproximan.

Los magistrados titulares elegidos, Mario Alexander Velásquez y Quelvin Jiménez Villalta, se refirieron a los principales retos que enfrenta la institución y a la necesidad de mejorar la relación con los partidos políticos.

Ambos señalaron que el TSE ha quedado balanceado con los perfiles que integrarán el pleno, lo que consideran clave para fortalecer el trabajo del órgano electoral de cara a los próximos procesos.

Velásquez dijo que es positivo que el Congreso haya logrado un acuerdo de forma ágil, especialmente después de las dificultades de la semana anterior. A su juicio, esto demuestra interés en conformar un TSE de consenso, capaz de trabajar conjuntamente y fortalecer la institucionalidad del país.

Mientras que Jiménez Villalta coincidió en que la elección refleja un consenso en el Congreso alcanzado mediante el diálogo. Afirmó que el objetivo es trabajar por la transparencia y recuperar la confianza de la población en el TSE.

TSE debe actuar como árbitro imparcial

Velásquez explicó que el Tribunal debe actuar como árbitro imparcial, con reglas claras e iguales para todos los partidos. Afirmó que no pertenece ni ha pertenecido a ningún partido político y que ejercerá su función apegada a la Constitución y la ley, con objetividad e imparcialidad.

También indicó que, después de las elecciones, será importante fortalecer a los partidos políticos, ya que instituciones partidarias sólidas fortalecen la democracia.

A decir de Jiménez Villalta, el Tribunal debe fortalecerse institucionalmente para garantizar elecciones sólidas.

También destacó la importancia de promover educación cívica, capacitación a partidos políticos y conocimiento ciudadano del proceso electoral.

Respecto de cómo ven el panorama actual de los partidos políticos rumbo a las próximas elecciones, Velásquez explicó que actualmente hay 27 partidos políticos activos, además de otros cinco o seis en proceso de formación que podrían participar en el próximo proceso electoral.

Dijo que algunos partidos ya avanzan en sus asambleas internas y organización para designar candidatos, como establece la ley.

Para Jiménez Villalta, el TSE tendrá que revisar varios procesos administrativos pendientes, incluidos sanciones a partidos y aspectos relacionados con el padrón electoral. Según él, el trabajo se intensificará hacia mediados de año, cuando comiencen las asambleas para la designación de candidatos.

Al consultarles cómo evalúan las críticas de diputados sobre decisiones del TSE que han impedido la participación de candidatos en elecciones recientes, Jiménez Villalta afirmó que es un asunto de mucha preocupación, pues Guatemala incluso ha sido sancionada por el sistema interamericano de derechos humanos debido a la limitación de candidaturas. Añadió que se debe trabajar para evitar este tipo de situaciones.

Remarcó que el TSE debe garantizar la participación en igualdad de condiciones y con las mismas reglas para todos.

Recordó que, en el 2019, apenas el 38% de la población confiaba en el Tribunal, según Latinobarómetro. Para el 2023, solo el 23% tenía un nivel de satisfacción con el sistema democrático, lo que evidencia una fuerte deslegitimación del TSE.

Agregó que las reglas para la participación de candidatos y partidos deben ser claras y aplicarse sin discrecionalidad, pues no se deben limitar derechos constitucionales sin un debido proceso.

Para Velásquez, la participación es fundamental en un proceso electoral, ya que el derecho a elegir y ser elegido debe respetarse para todos los ciudadanos.

Remarcó que es necesario definir con precisión cuándo se considera campaña anticipada y cuáles son las sanciones, para evitar decisiones contradictorias que limiten la participación de candidatos.

Finiquito para candidatos

En otro tema, indicó que el finiquito es un caso especial, aunque normalmente lo que se solicita es la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos emitida por la Contraloría General de Cuentas (CGC). En este tema, la Ley Electoral establece que este documento tiene una vigencia de seis meses.

Para Jiménez Villalta, el finiquito, o constancia transitoria de inexistencia de cargos que extiende la CGC, tiene una vigencia de seis meses, al igual que los antecedentes penales y policíacos.

Dijo que eso es lo que debe respetarse. Añadió que, en un caso en el proceso electoral pasado, la Contraloría pudo haber actuado de forma arbitraria al revocar el finiquito no por sanciones previas, sino por una sanción posterior a haber extendido la constancia.

Añadió que una situación como esa deja en una situación complicada al TSE. Reiteró que la constancia tiene seis meses de vigencia y eso debe respetarse.

Adquisición de tecnología para el TSE

Otra de las preguntas fue cómo garantizarán transparencia en la adquisición de tecnología electoral para las elecciones del 2027, y el magistrado Velásquez respondió que primero tienen que decidir si se comprará un programa o si el propio Tribunal puede desarrollar uno.

Dijo que también es necesario seguir los mecanismos legales de compra pública, pero la credibilidad no dependerá solo del programa, sino de cómo se administre la información desde el momento en que se cuentan los votos hasta que se publican los resultados preliminares.

Añadió que por ahora no hay director de Informática, por lo que este será uno de los primeros asuntos a resolver.

A decir de Jiménez Villalta, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) generó mucha controversia en el proceso anterior. Dijo que deben analizar si conviene apostar por otros mecanismos, como dotar de tecnología a las juntas receptoras de votos para escanear y subir actas rápidamente.

Remarcó que lo importante es que exista una línea de trazabilidad que permita a la población seguir el conteo de votos y verificar los resultados. Además, cualquier adquisición debe hacerse de forma transparente y competitiva.

Violencia electoral

A los magistrados se les indicó que en los últimos meses se han registrado asesinatos de posibles candidatos para el proceso electoral del 2027 y se les consultó qué puede hacer el TSE frente a la violencia electoral.

Jiménez Villalta destacó que es necesario dialogar con los partidos políticos para construir un pacto de no agresión que permita una campaña más tranquila. También coordinar con las fuerzas de seguridad para elaborar un mapa de riesgos y actuar de forma preventiva, no solo reactiva, pues la coordinación institucional será clave para frenar la violencia electoral.

Velásquez explicó que el Tribunal cuenta con dos mecanismos: la mesa de prevención de conflictividad y la mesa de seguridad electoral, que trabajan con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público.

Estas mesas suelen activarse cerca del proceso electoral, pero las circunstancias actuales indican que deben activarse desde ahora.

Magistrado suplente

El magistrado suplente, Alfredo Skinner-Klée, se refirió al trabajo que efectuó la Comisión de Postulación y también se le consultó qué opina sobre los señalamientos de que la nueva magistratura tiene poca experiencia en materia electoral.

En su respuesta indicó que en su caso tiene experiencia en temas electorales desde hace décadas, pues hace aproximadamente 40 años participó políticamente con la Unidad del Centro Nacional de Jorge Carpio y fue fiscal nacional de ese partido ante el TSE.

También participó nuevamente como fiscal nacional en el proceso en el que se postuló a Óscar Berger, aunque, según él, esa experiencia no fue un criterio considerado por la Comisión de Postulación. Luego reiteró que conoce el tema electoral.

También se le preguntó por qué los magistrados electorales son elegidos por el Congreso, integrado por representantes de partidos políticos, e indicó que ese diseño responde al modelo institucional del Estado.

Mencionó que, aunque el presidente y los diputados son electos por el pueblo, la Corte Suprema de Justicia también es elegida por el Congreso, y lo mismo ocurre con el TSE, mecanismo que existe en muchos países, aunque reconoció que el proceso pasa inevitablemente por criterios políticos.

Otra pregunta fue cómo evitar conflictos de interés cuando los árbitros electorales son designados por actores políticos, y consideró que no es sencillo evitarlo, ya que forma parte del diseño institucional del sistema. Sin embargo, resaltó que los magistrados deben actuar conforme a la ley y a las reglas establecidas.

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Cuando se le consultó qué postura tiene sobre la exclusión de candidatos o partidos durante los procesos electorales, Skinner-Klée respondió que prácticas como la descalificación de candidatos durante un proceso electoral no benefician al país.

Mencionó como ejemplos experiencias en Venezuela y Nicaragua, así como situaciones ocurridas en la elección pasada en Guatemala, cuando se cancelaron partidos o candidaturas. Consideró que estos casos deben revisarse en el futuro.

También le preguntaron cuál es su opinión sobre la cancelación del Partido Semilla y los procesos legales contra su dirigencia tras las elecciones del 2023, y el magistrado elegido indicó que el tema debe revisarse con cuidado, pues según la ley, durante el proceso electoral —desde la convocatoria hasta su finalización— hay una protección jurídica para candidatos y partidos, por lo que cree que el nuevo TSE deberá fijar criterios claros sobre estos casos.

Recuperar confianza en el TSE

Además, se le consultó cómo enfrentar el problema de la credibilidad del TSE y su respuesta fue que la primera tarea del nuevo Tribunal será recuperar la confianza ciudadana. Para ello, los magistrados deberán actuar con transparencia y posiciones claras, con el fin de restablecer la credibilidad.

Agregó que más de 100 mil guatemaltecos participan en el proceso electoral contando y tabulando las actas en las mesas de votación, por lo que ese trabajo ciudadano es una de las principales fortalezas del sistema electoral del país.

Respecto a la participación ciudadana en las juntas electorales, Skinner-Klée dijo que espera que la experiencia reciente motive a más personas a participar en la defensa del escrutinio electoral, pues históricamente muchos guatemaltecos han contribuido con su tiempo para garantizar el proceso electoral.

Agregó que entre los asuntos prioritarios para el nuevo TSE estará revisar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que algunas reformas recientes han originado dificultades en su aplicación.

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Afirmó que los magistrados salientes dejaron un proyecto de reformas que el nuevo pleno deberá analizar y mejorar.

Con relación a qué problemas identifica en la legislación electoral actual, el entrevistado indicó dos áreas principales: la cancelación o suspensión de candidaturas, ya que la ley permite retirar el derecho de participación incluso después de haber inscrito a un candidato.

También el financiamiento electoral, pues las normas actuales han desincentivado a donantes legítimos, lo que dificulta la transparencia y la fiscalización.

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