En su vida productiva, el común de los mortales procura conseguir el mejor resultado posible con el menor esfuerzo. Esto, por supuesto, no siempre significa pagar el menor precio o incurrir en el menor coste, si tal cosa afecta, por ejemplo, la calidad del resultado. Empero, en igualdad de condiciones, una persona en su sano juicio trata de lograr con el menor esfuerzo los mejores resultados.

Llevado esto a la actividad de los jueces y magistrados, mientras menos asuntos estén obligados a resolver sin sacrificar el acceso de los ciudadanos y sus organizaciones a la justicia, mejor. Más aún, por lo general, un juzgado o un tribunal sobrecargados de asuntos pronunciarán sentencias y otras resoluciones de inferior calidad y tenderán a producir una “presa” creciente de asuntos pendientes de resolver.

Por tanto, en igualdad de condiciones, un método que fuera efectivo para reducir los asuntos por resolver, una vez más, sin negar o disminuir el acceso de los ciudadanos a la justicia, sería muy deseable. De esos métodos hay un buen número. Por ejemplo, cuando las leyes procesales, es decir, las que rigen cómo se inicia, desarrolla y concluye un asunto judicial, son claras y técnicamente acertadas, los casos judiciales se tramitan con mayor celeridad y acierto. Cuando los órganos administrativos del Poder Judicial ponen a disposición de sus funcionarios herramientas de software y hardware adecuadas a sus necesidades, sus funciones son más productivas, al igual que cuando tienen acceso en línea al tipo de información, data, bibliografía, archivos y otras fuentes que deben consultarse para articular acertadamente un fallo judicial. En fin, los métodos son de la más variada naturaleza y características, y lo ideal es lograr una combinación máximamente eficiente de, por lo menos, los fundamentales.

Empero, hay un método particularmente efectivo para conseguir el objetivo de reducir la carga de trabajo de jueces y tribunales que, al mismo tiempo, ahorra a la sociedad y a sus instituciones recursos valiosos en litigiosidad y conflictividad. Se trata de la publicación ordenada, temática y sistemática de sus resoluciones de todo tipo, no solamente de sus sentencias. Esto funciona así también en nuestra tradición jurídica, aunque no siga la llamada “regla del precedente obligatorio”. En efecto, cuando dos partes y sus abogados ya conocen, porque tiene carácter público y está disponible, el criterio de un juez o de un tribunal sobre cualquier punto controvertido o, sobre todo, sobre los temas sustanciales de un pleito, serían irracionales si, no obstante, plantearan una pretensión en un sentido contrario o diferente de dicho criterio. Esto, porque toda persona tiene un deber moral básico de ser coherente y consistente en sus juicios y apreciaciones, pero, un juez o un magistrado, tiene ese deber moral y la obligación legal de serlo. Ningún funcionario judicial puede, sin incurrir en responsabilidad, fallar un día en un sentido y al día siguiente, en el sentido contrario.

Por tanto, a mí me resulta misterioso que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las jurisdicciones, incluso de la región latinoamericana, en Guatemala no se publiquen de manera ordenada y fácilmente accesibles las resoluciones de todos los jueces y tribunales. De todos los métodos existentes, este es uno de los más valiosos, pues, además, abona a la certeza jurídica de que toda persona, organización o empresa requieren para conducir y planificar sus vidas. Ahora que ya están a disposición las herramientas de la inteligencia artificial, esto pudiera dotar al sistema de mucha más eficiencia y credibilidad.