La era democrática en Guatemala inició en 1985 con una nueva constitución política y elecciones libres, que dieron la victoria a un candidato civil, después de 31 años en los que la cúpula militar alegremente se rifó la presidencia, asegurando el triunfo con las armas en la mano.

Con todos los defectos que puedan atribuirse a ese oscuro período, incluyendo 36 años de guerra interna (1960-1996) durante los que hubo inversión pública y genocidio, combinados, la corrupción que pareció escandalosa, palideció ante lo que vino después al democratizarse el asalto al erario para satisfacer la ambición de quienes han gobernado. Fue necesario el apoyo de Naciones Unidas para identificar a los grupos de corrupción incrustados en la administración pública; estaba claro que se trata de estructuras permanentes que funcionan con cualquiera que sea electo presidente de la República. La solución fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), como órgano independiente de apoyo al Ministerio Público.

Entre 2006 y 2019 identificó a algunos que actúan desde el Estado y otros desde la iniciativa privada. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina y su vicepresidente Roxana Baldetti detonó el escándalo de la organización dirigida por ellos mismos. Escándalo que provocó su renuncia y el nombramiento de un presidente de transición hasta la próxima elección. El siguiente escándalo, resultado de investigación en la Superintendencia de Administración Tributaria, determinó la millonaria evasión de impuestos de grandes empresarios que, por aberraciones legales existentes, ocupan puestos directivos en organismos del Estado. Posiciones desde las que privilegian intereses privados mediante la toma de decisiones políticas. Decisiones que incluyen imponer candidatos y poner o quitar presidentes a su mejor conveniencia.

Haber sido señalados de defraudación tributaria y ser denunciados legalmente, causó un cisma socio-cultural sin precedentes. Reconocieron su culpa y pidieron público perdón. Efímera actitud seguida de su determinante posición de reorganizarse y crear las alianzas que fueron necesarias con grupos políticos igualmente comprometidos ante la Cicig, empezando por el Congreso de la República. El resultado fue identificado por analistas políticos y de comunicación como el Pacto de Corruptos que llevó a la presidencia al cómico sin gracia, Jimmy Morales. En 2019 sus mayores logros fueron, no renovar el convenio con la ONU para la vigencia de la Cicig, declarar non grato a su comisionado y vetar su ingreso al país.

Con esas alianzas, los tres poderes del Estado quedaron en manos de los malandrines aglutinados en el Pacto de Corruptos. De ahí, por qué estamos como estamos: sin ley ni justicia, en donde los patos disparan a las escopetas. Desde entonces, esa antipatriótica actitud retrató de cuerpo entero al espectro político y empresarial dominante, cuyos intereses son opuestos al bien común. Actitud identificada y reclamada por el 70% de la población: pueblos indígenas, periodistas, profesionales y ciudadanos ordinarios que exigimos cambios radicales en la conducción de nuestro país.

Así las cosas, debemos estar atentos y coadyuvar para que, a la elección de cortes, tribunal electoral, Ministerio Público y contraloría de 2026 lleguen profesionales serios, honorables y comprometidos con el país. Y más adelante, provocar que a las elecciones generales de 2027 no llegue al Congreso de la República la acostumbrada basura política carente de valores.

Solo así será posible la gobernanza y, en consecuencia, la oportunidad de soñar con el desarrollo.