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CACIF rechaza aprobación de urgencia nacional de la Ley de Contrataciones y advierte riesgos

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CACIF rechaza aprobación de urgencia nacional de la Ley de Contrataciones y advierte riesgos
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), mientras se desarrollaba la sesión plenaria programada para este martes en el Congreso, rechazó por medio de un comunicado que el Congreso apruebe de urgencia nacional la iniciativa 6688, Ley de Contrataciones Públicas, al considerar que la propuesta todavía necesita modificaciones, revisión técnica y […]
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), mientras se desarrollaba la sesión plenaria programada para este martes en el Congreso, rechazó por medio de un comunicado que el Congreso apruebe de urgencia nacional la iniciativa 6688, Ley de Contrataciones Públicas, al considerar que la propuesta todavía necesita modificaciones, revisión técnica y una discusión amplia antes de sustituir el actual régimen de compras y contrataciones del Estado.

El sector empresarial advirtió que aprobar la iniciativa sin el análisis correspondiente podría abrir espacios para decisiones discrecionales, limitar la competencia entre proveedores y debilitar los controles sobre el uso de los recursos públicos.

Debido a esto, pidió a los diputados que la propuesta se conozca por medio de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, la cual debe emitir el dictamen correspondiente, y que se permita la participación de distintos sectores en su discusión.

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Entre los principales riesgos que identificó el CACIF, está la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas (Minfin) aumente los montos permitidos para realizar compras sin licitación, sin que la iniciativa establezca un límite para esos incrementos.

Esto, según el sector empresarial, podría ampliar las adquisiciones que se realizan sin un proceso competitivo.

Asimismo, cuestiona que un ministerio pueda declarar una emergencia y seleccionar directamente a un proveedor, sin comparar precios ni solicitar otras cotizaciones, incluso cuando existan condiciones para hacerlo.

El CACIF explicó que esta disposición podría dejar decisiones importantes en manos de las autoridades de cada institución.

Otro de los puntos señalados es la contratación de técnicos y profesionales. El sector empresarial advierte que las instituciones podrían contratar personal sin evaluar a otros candidatos ni demostrar que seleccionaron a la persona con mayor preparación para el trabajo requerido.

De igual manera, se refiere a las modificaciones en contratos de obra pública, que permitirían que una obra aumente hasta un 40% de su valor original mediante ampliaciones al contrato con el mismo proveedor, sin convocar una nueva licitación.

Además, señala que la justificación de esos incrementos no tendría que pasar por una revisión técnica.

Ante esto, según se lee, considera que la iniciativa debe corregirse antes de su aprobación.

DIPUTADOS NEGOCIAN CAMBIOS PARA UNA POSIBLE APROBACIÓN

El pronunciamiento del CACIF ocurre mientras diputados de distintas bancadas mantienen conversaciones sobre posibles modificaciones a la iniciativa 6688, con miras a que pueda aprobarse de urgencia nacional.

Según información conocida por La Hora este martes, legisladores de la UNE, Valor y Elefante habrían participado en reuniones para discutir cambios al proyecto, en las que también habría estado presente Carlos Melgar Peña, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Minfin.

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Entre las posibilidades planteadas por los diputados está que la Comisión de Economía, presidida por Jorge Ayala, de la bancada Valor, emita un dictamen y que posteriormente el pleno conozca la iniciativa para aprobarla de urgencia nacional.

Sin embargo, integrantes de esa comisión indicaron a La Hora que su agenda no contempla dictaminar la propuesta tal como fue presentada.

La iniciativa 6688 fue presentada por el Organismo Ejecutivo en noviembre de 2025 y busca sustituir integralmente la actual Ley de Contrataciones del Estado.

La propuesta es crear un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, un Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas para resolver apelaciones, inconformidades y quejas, así como modificar los montos y modalidades para las adquisiciones estatales.

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