En el proceso de elección de primer titular para la recién creada y crucial Superintendencia de Competencia (SIC), ya se han dado algunas pifias, previas como la de ciertos aspirantes que fueron electos tras tener cartón, o sea haber presentado expediente en los tres cuerpos electores de representantes, como quien dice probando suerte. Ya eso puede hablar del talante ético. En todo caso, la tarea de seleccionar al superintendente que durante seis años conducirá esta entidad autónoma debe regirse por los más altos estándares de exigencia profesional e intachable trayectoria. Cualquier señalamiento fundamentado que haga mella en la idoneidad debe ser sopesado.

La SIC está en los prolegómenos de su funcionalidad. El Directorio ha hecho entrevistas a aspirantes y se ha enfrascado en algunas discusiones acerca de la validación de actas y la juramentación de integrantes. En todo caso, tales disputas, transmitidas públicamente a través de video, deben manejarse con inteligencia emocional, proactividad y un criterio de absoluta cuentadancia.

La SIC debe comenzar a funcionar en el 2026, con la misión de promover la libre competencia para beneficiar a los consumidores, a la productividad y a la economía en general. Deberá investigar denuncias de posibles prácticas anticompetitivas como la manipulación de precios, el abuso de poder de mercado o acuerdos restrictivos. Tales funciones demandan un perfil académico sobresaliente, experiencia en el ámbito económico, pero, sobre todo, solvencia total que asegure la integridad y la eficacia en el desempeño de estas obligaciones. Todo aspirante se postuló voluntariamente para este cargo público y, por ende, desde esa nominación tácitamente se admite la criba pública de su trayectoria, sin alegatos manidos de presunción de inocencia.

La SIC es un ente colegiado con responsabilidades muy claras, por lo cual se debe repudiar desde ya cualquier intento politiquero o sectario de querer influir en la elección del principal titular. Uno de los posibles defectos de la nominación de aspirantes a este cargo directivo radica en que, de alguna manera, permitió el reciclaje de ciertos nombres que no lograron ser designados como representantes que integran el Directorio. Eso, en sí mismo, no es una tacha, pero denota cierta ansia por acceder a un puesto que requiere de altos estándares de desempeño. Por eso, este Directorio no puede quedarse varado en discusiones bizantinas ni en dilaciones consentidas bajo el pretexto de que “aún hay tiempo”.

El Estado no produce nada, solo consume recursos públicos generados por los ciudadanos y, por supuesto, por las empresas. La Superintendencia de Competencia debe coadyuvar a que la productividad siga creciendo para crear oportunidades. Por lo tanto, no puede ni debe permitirse politización o injerencia de ningún poder estatal o político. Justo ese es el llamado del sector empresarial: a que la elección de superintendente sea transparente, con una tabla de gradación rigurosa, provista de sólidos indicadores de criterio.

Ya hubo una fase de entrevistas con aspirantes, aunque más bien fueron declaraciones de intenciones, y ya se sabe a qué lugar pueden conducir las buenas intenciones si no se corroboran nexos, posibles conflictos de interés, previas fidelidades o actos en cargos públicos, privados o académicos anteriores. La transmisión en vivo de las sesiones del Directorio es un acierto que debe proseguir. Lo mismo aplica respecto de las tablas de calificación y las respuestas de aspirantes a las tachas u objeciones. Esta designación es ya en sí una muestra de competencia o de incompetencia.