Los diputados en el pleno del Congreso no han buscado la manera de revertir su incremento de sueldo, y todo apunta a que será la Corte de Constitucionalidad (CC) la que defina el asunto, pero la discusión se aplazó este jueves porque dos magistrados solicitaron más tiempo.

Nester Vásquez, presidente de la CC, había incluido en la agenda un recurso de la organización Acción Ciudadana. Se trata de una debida ejecutoria con la que la organización espera cancelar el incremento de sueldo que se recetaron los diputados.

Pero el caso tuvo que ser retirado de la agenda porque dos de los cinco magistrados titulares que conocerán el expediente pidieron más tiempo para estudiarlo. Se trata de Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Lemus, según informó una fuente judicial.

Los dos magistrados explicaron en la reunión que necesitaban más tiempo para conocer a detalle el expediente. Incluso, uno de ellos dijo que hasta hoy había tenido conocimiento del mismo y que el documento no había sido publicado.

Este caso será resuelto por los magistrados titulares que ante los argumentos de sus colegas, los tres restantes, optaron por darles el tiempo que solicitaron.

Esto le permitirá a Pérez Aguilera y a Lemus poderse documentar y estudiar a detalle los aspectos que cuestiona la organización por el aumento de sueldo de los diputados y comparar las respuestas e informes que ha mandado el propio Congreso a la Corte en defensa de su incremento.

La decisión

La Junta Directiva del Congreso que preside el diputado Nery Ramos autorizó un aumento de sueldo para los diputados. Ahora los congresistas tienen como sueldo base Q46 mil 700, a lo que se le añaden otros beneficios económicos como dietas y gastos de representación que no se retiraron pese al incremento.

El pleno, cuando aprobó su presupuesto para el 2025, autorizó un incremento salarial e indemnizaciones cuando dejaran el cargo. Pero las acciones generaron acciones legales que fueron presentadas ante la CC.

Los primeros en accionar fueron diputados del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), seguidamente lo hizo Acción Ciudadana. Ambos recibieron amparos provisionales que frenaron las indemnizaciones pero que fijaron un procedimiento para, en ese entonces, el posible incremento salarial de los diputados.

La CC explicó que la Junta Directiva del Congreso debía de hacer un estudio financiero para saber si el aumento podía ser viable. Para esto tenían que hacer un dictamen financiero.

Este estudio en conjunto con otras áreas administrativas y de recursos humanos del Congreso hizo aconsejable el incremento de sueldo. Este primer paso se cumplió.

Pero en el amparo provisional la Corte fue clara en decir que tras tener el dictamen para definir una posible readecuación presupuestaria para el incremento esté debía de ser sometido a votación por el pleno de diputados. Este segundo punto no ocurrió y la decisión quedó a cargo de la Junta Directiva que preside Ramos.

El presidente del Congreso aseguró que no participó en las sesión donde el tema fue discutido y reafirmó su rechazo al incremento. Pero cuando notas de prensa expusieron los hechos las calificó como falsas hasta que el acta con la decisión de la directiva fue publicada.

Posteriormente Ramos junto a algunos jefes de bloque del Congreso defendió el incremento. Su postura fue tal que se negó a decir que diputados de la directiva votaron a favor de la decisión que hizo efectivo el pago a los diputados con el incremento el pasado 28 de febrero.

Además de la debida ejecutoria que presentó AC está pendiente un amparo nuevo que presentó el excandidato presidencial Armando Castillo. En un informe que mandó el Congreso a la CC pide no anular el incremento de sueldo de los diputados.