Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso impulsan una solicitud para destituir al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, y al relator contra la tortura, Alfred Sánchez, luego de que ambas instituciones remitieran informes sobre las condiciones carcelarias de Aldo Duppie Ochoa, alias El Lobo, líder de la pandilla Barrio 18.

Los informes fueron parte de los insumos que la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt tomó en cuenta para ordenar el traslado del reo a otro centro carcelario con menor seguridad, decisión que generó polémica en el Legislativo.

El diputado Inés Castillo, jefa del bloque UNE, promovió ante la comisión la petición de destitución, al argumentar que ambas entidades “defienden a delincuentes”, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos.

“He propuesto al pleno de la Comisión de Derechos Humanos que recomiende al pleno del Congreso la destitución del procurador de los Derechos Humanos y la de los relatores contra la tortura. Más de diez guatemaltecos son asesinados cada día y no hay ningún poder del Estado que defienda sus derechos”, expresó.

Por su parte, el procurador Córdova defendió el accionar de su institución y señaló que la verificación en el centro de detención Renovación 1 se realizó por orden judicial. Aseguró que no se emitió ninguna recomendación sobre el traslado del recluso.

“Nuestra función fue informar lo que se encontró. Las recomendaciones emitidas fueron dirigidas al Sistema Penitenciario sobre temas de infraestructura. No somos parte procesal en ese caso”, afirmó.

Aunque la votación en la comisión no se llevó a cabo este miércoles, varios diputados señalaron que presentarán la solicitud por escrito para que sea incluida en la agenda del pleno.

Pena de muerte y prisión perpetua, temas que resurgen

Durante la discusión, algunas voces en el Congreso retomaron el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el país. La subjefa del bloque Unionista, Lucrecia Marroquín de Palomo, consideró que se deben endurecer las penas para delitos graves y señaló que mantener a reos condenados por crímenes múltiples representa un alto costo para el Estado. Sus declaraciones se dieron en referencia al caso de El Lobo, condenado a más de mil años de cárcel.

“Creo que en Guatemala se debe cumplir con la Constitución y el Código Penal. Aquí hay una pena de muerte; no puede ser que una persona como la que estamos hablando –El Lobo– tenga mil cien años de prisión. O sea, que nosotros, los guatemaltecos, lo vamos a alimentar allí hasta que se muera, y se le dan Q45 diarios de comida, tiene que tener médico, y ahora los relatores están diciendo que ‘pobrecito está en una losa sin colchoneta’. La pena de muerte para el terrorista, y, si no, crear las cárceles que tenemos en el vecino país, donde los terroristas son tratados como tal, como terroristas”, dijo Marroquín de Palomo.

El tema de la pena capital en Guatemala ha sido objeto de múltiples debates, aunque en la práctica no se aplica desde hace varios años debido a la ausencia de mecanismos legales claros para su ejecución. La Constitución guatemalteca permite la pena de muerte, pero su implementación se encuentra suspendida por fallos de la Corte de Constitucionalidad y tratados internacionales ratificados por el país.

Contexto internacional

El pasado 23 de septiembre, Estados Unidos designó a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista extranjera, lo que permite ampliar las medidas de represión y sanción contra sus integrantes y redes de financiamiento.

“Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras”, indicó el Departamento de Estado. Tras el anuncio, legisladores guatemaltecos instaron al Ejecutivo a que emita una declaración similar y promueva acciones concretas contra estas estructuras del crimen organizado.

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