Recientemente escuché a un empresario estadounidense decir que en su país ya no hay democracia, sino burocracia; que los ciudadanos han perdido poder y los servicios públicos son de mala calidad. Algo similar pasa en Guatemala, donde también hay problemas de cobertura, especialmente para los más pobres.

A 13 meses de gobierno, la sensación es que el país no tiene rumbo. Falta coordinación entre instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Además no hay una visión clara ni prioridades definidas. Cada quien va por su lado y muchos esfuerzos se pierden.

Para que el país avance, es clave reformar leyes que permitan un gobierno funcional. Sin cambios estructurales, Guatemala seguirá atrapada en una gestión pública deficiente que frena el desarrollo y perpetúa la corrupción.

La Ley de Contrataciones del Estado ha sido parchada tantas veces que ya no sirve. En lugar de garantizar el buen uso de los recursos, es un obstáculo para el desarrollo. Su estructura burocrática impide ejecutar presupuestos con eficiencia y el sistema restringe la participación de empresas serias. Se necesita una reforma que agilice procesos y garantice transparencia. La tecnología puede automatizar contrataciones, reduciendo discrecionalidad y mejorando la supervisión.

La Ley de Servicio Civil tampoco funciona. No garantiza meritocracia ni eficiencia. Las contrataciones y ascensos dependen más de influencias políticas que de la capacidad. Muchas instituciones tienen su propia normativa, dejando miles de plazas fuera de control. Estabilidad no es sinónimo de inamovilidad; el sistema debe permitir la permanencia de los mejores y la salida de quienes no cumplen su labor. Los pactos colectivos han anulado el mérito en el servicio público. Aumentos masivos, bonos y privilegios descontrolados ahogan al país. “El mejor negocio es conseguir una plaza en el gobierno”, me decía recientemente un pequeño empresario.

Otra norma clave es la Ley Orgánica del Presupuesto. Lo primero es respetarla y evitar que el Congreso la modifique cada vez que aprueba el presupuesto. La constante violación de la “regla de oro” de no pagar salarios con deuda es preocupante. También es alarmante que el Congreso desvirtúe el presupuesto del Ejecutivo, facilitando corrupción y manejos políticos. El presupuesto actual no responde a una visión de desarrollo de largo plazo, sino a intereses coyunturales. Las negociaciones en el Congreso convierten la asignación de recursos en un reparto donde la eficiencia del gasto es lo menos importante. Es urgente recuperar el orden fiscal.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos también necesita cambios. Ha sido modificada tantas veces que se ha convertido en una legislación casi a la medida de los políticos. El Tribunal Supremo Electoral, que alguna vez fue una institución ejemplar, ha perdido transparencia, profesionalismo y credibilidad. Hay que recuperarlo. Las reformas a esta ley deben garantizar un sistema electoral que refleje la voluntad ciudadana y no los intereses de los partidos. Se necesita partidos políticos sólidos, fiscalización estricta y sanciones efectivas para quienes no cumplan las normas electorales. Hace siete meses se creó el Comité Nacional para la Modernización del Organismo Ejecutivo, cuyo propósito es coordinar y dar seguimiento a reformas en el marco normativo, la administración pública y la digitalización de los servicios. Incluye una Mesa de Transformación Digital, pero hasta ahora no se conocen avances concretos, a pesar del apoyo ofrecido por expertos nacionales, internacionales y países con experiencia con interés en colaborar. Guatemala necesita técnicos capacitados y un plan claro para modernizar la gestión pública. Sin visión ni rumbo, seguimos atrapados en un laberinto burocrático del que solo saldremos con acción y decisiones firmes. O aceleramos el paso o enfrentaremos otra década perdida.