Doctor, abogado, bombero… estas profesiones suelen figurar entre las respuestas más comunes cuando, en la infancia, nos plantean la inevitable pregunta: “Qué quieres ser de grande?”. Sin embargo, muchas personas, entre ellas la versión más joven de quien escribe estas líneas, también podrían haber respondido presidente, ministro o incluso diputado porque ¿quién no ha soñado con dirigir un país y convertirse en la persona que toma las decisiones más importantes para cambiar el rumbo de nuestra nación?

El anhelo de participar en la administración pública representa, para algunos, una valiosa oportunidad de contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, este ideal se enfrenta a una realidad desalentadora. La función pública está atrapada en un ciclo tóxico que perpetúa la mediocridad y obstaculiza la llegada de ciudadanos dispuestos a generar verdaderos cambios. Aunque es injusto generalizar, no podemos ignorar que la incompetencia, la falta de visión y desconocimiento técnico se han normalizado, al punto de parecer inherentes al sistema. Este “fenómeno” no es un problema

aislado, sino un reflejo de la negligencia que existe en la administración pública, que nos conduce, si no lo cambiamos, hacia un inevitable fracaso.

La falta de capacidades en la función pública no es un error menor, es una irresponsabilidad que condena a la ciudadanía al estancamiento y perpetúa los problemas que afectan a los guatemaltecos, especialmente a los más vulnerables. ¿Cómo garantizar el acceso a servicios básicos y de calidad si quienes toman las decisiones carecen de los conocimientos necesarios en gestión pública? ¿Cómo esperar mejoras en la transparencia y la rendición de cuentas si aquellos en posiciones clave en la administración no cuentan con los principios éticos fundamentales? Estas (y muchas otras) no son solo preguntas retóricas; son la raíz de las crisis recurrentes que enfrentamos, y los principales obstáculos para encontrar soluciones efectivas a las necesidades más urgentes del país.

No obstante, esta realidad no solo se debe a los errores de quienes ocupan cargos públicos. También refleja la indiferencia de una ciudadanía que ha permitido que los mismos patrones se repitan una y otra vez. La apatía cívica ha sido el mayor aliado de la mediocridad política. Cada vez que aceptamos el reciclaje de funcionarios incompetentes, cada vez que guardamos silencio ante el amiguismo político o las designaciones arbitrarias, contribuimos a perpetuar un sistema que nos está fallando y que seguirá fallando a menos que tomemos acción. La política requiere la implicación activa de todos los ciudadanos. Aunque involucrarse no implica necesariamente ocupar un cargo público, sí implica exigir que quienes lo ocupen estén capacitados para encarar los problemas del país.

No podemos seguir esperando que el cambio llegue por arte de magia; como ciudadanos, es nuestra responsabilidad exigir liderazgos competentes, que enfrenten los desafíos con visión, ética y un genuino compromiso con la gente. El cambio empieza con cada uno de nosotros, con la decisión de dejar de ser meros espectadores y convertirnos en actores activos. Este 2025 debemos asumir el desafío de manera individual porque nuestra responsabilidad es parte fundamental de la transformación que Guatemala necesita. ¡El desafío está sobre la mesa! ¿Estamos listos para aceptarlo? En mi caso, la respuesta es un rotundo sí.