Este año fue suprimido, por el Tribunal Supremo Electoral, el último de los partidos que, en el año 2003, firmaron la llamada Agenda Nacional Compartida: un conjunto de compromisos básicos para con la ciudadanía guatemalteca. Para buena parte de la ciudadanía actual, que quizá no recuerda la coyuntura de aquel momento, cabe recordar —y lo pueden hallar fácilmente en internet— la debacle causada por los desvaríos, despropósitos y escándalos de corrupción durante el período de gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), al cual la ciudadanía otorgó un revés electoral aquel año.

Se esperaba que a partir del nuevo gobierno en 2004 se pudiera implementar una hoja de ruta, elaborada a partir de consensos firmados por todos los partidos. En aquel momento, Guatemala se encontraba asediada por la crisis alimentaria y nutricional, los desafíos de la productividad, las ingentes necesidades de infraestructura, el enorme déficit de vivienda, los rezagos organizacionales y físicos de la educación pública, las precariedades del sistema de salud, la vulnerabilidad ante desastres ambientales y por supuesto, la constante amenaza de la corrupción y penetración de crimen organizado en estamentos del Estado.

Un momento: al describir los puntos torales de aquellos compromisos de hace dos décadas, parece que estamos describiendo el tiempo presente. Guatemala sigue padeciendo por los mismos lastres, lo cual denota una situación aún peor, porque ya han pasado 22 años, se han gastado billones en presupuestos a menudo deficitarios y las soluciones no se asoman por ninguna parte. Lo más irrisorio es que todavía hay algunos figurones políticos que estaban con otros cascarones políticos y firmaron la agenda en 2003.

Esta semana, el Tribunal Supremo Electoral reveló el calendario preliminar del proceso electoral 2027. Exactamente de hoy en un año, los guatemaltecos estarán acudiendo a la cita con las urnas. Actualmente hay 24 partidos políticos vigentes, de los cuales más de la mitad ya tiene trazados sus presidenciables —es decir, cero democracia interna; son nombrados a dedo, ya por falta de más figuras o porque simplemente cada vehículo electoral tiene dueña o dueño—. También hay una veintena de comités proformación de partidos, que buscan constituirse como partidos. Las previsiones apuntan a que en los comicios siguientes participarán hasta 30 organizaciones.

Tal atomización solo exhibe una andanada de ambiciones egolátricas y estrategias de tener dos o más cartones para la misma lotería; tránsfugas, exfuncionarios y hasta exconvictos le apuestan a la amnesia ciudadana. Y es allí donde radica el desafío cívico para el próximo proceso electoral: la ciudadanía debe exigir una hoja de ruta de consensos entre los presidenciables, pero también entre los aspirantes a diputaciones o alcaldías. Y no hay que inventar el agua azucarada: los problemas son los mismos hoy, solo que más graves, a causa de las polarizaciones, rencillas, nepotismos y negligencias.

Hay que aprender del pasado para que tales desmanes no sigan arruinando el futuro. Ningún político ofrece nada original. Supuestamente solo cambia en enfoque “ideológico”, pero hasta eso ha quedado desmentido en los seis gobiernos y seis legislaturas que han ejercido el mandato ciudadano. Partidos, secretarios y candidatos deben comprometerse con 10 prioridades nacionales, con indicadores de avance: no debería haber oposición a tal estrategia, pues se supone que todos aseguran querer lo mejor para Guatemala.