El Ministerio Público (MP) efectuó diligencias en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para solicitar expedientes relacionados con posibles anomalías en el Fondo Social de Solidaridad, se informó este miércoles 6 de mayo.

Una fuente del MP informó que las acciones derivan de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, luego de una auditoría practicada al período comprendido del 1 de enero al 21 de diciembre del 2024.

Según la fuente, durante la revisión se estableció que se efectuaron pagos por obras de años anteriores por Q402 millones, por lo que las autoridades requirieron expedientes laborales para determinar posibles responsabilidades.

El CIV confirmó que personal del MP llegó a solicitar documentación, aunque indicó que no se trató de allanamientos.

“Llegaron a efectuar una diligencia por parte del MP para solicitar documentos y fueron entregados en el CIV. Fueron solicitudes dispersas. Nosotros no ampliaremos información para no entorpecer la investigación que ellos tienen”, informó el Departamento de Comunicación Social del CIV.

Sin embargo, fuentes del MP indicaron que las diligencias sí fueron autorizadas como allanamientos por un órgano jurisdiccional.

De acuerdo con la resolución judicial, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urentes de Investigación de Guatemala autorizó al MP efectuar allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia en dos inmuebles vinculados con una investigación en curso.

La resolución fue emitida el 5 de mayo del 2026 durante una audiencia unilateral privilegiada urgente. La jueza María Benilda Sandoval Valdez otorgó un plazo de dos días para ejecutar las diligencias solicitadas por la Fiscalía.

Además, el juzgado concedió a la Fiscalía un mes para devolver expedientes originales relacionados con el caso a las oficinas correspondientes. El plazo vencerá el 5 de junio del 2026.

Posteriormente, la jueza se inhibió de continuar conociendo el proceso y ordenó trasladar las actuaciones al Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala para que continúe el trámite correspondiente.

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