La elección de la presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), efectuada el 31 de enero, transcurrió rodeada de boato y jolgorio que duró hasta la madrugada del 1 de febrero. En un hotel de la zona 10, cuya entrada estaba repleta de guardaespaldas, se efectuó una expo recepción de gala, con cena, grupo musical en vivo, banquete y, por supuesto, los correspondientes saludos al presidente de la entidad, Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, quien buscaba la reelección.

Parafraseando la famosa frase, en esas condiciones todos quisieran elecciones. Dicho edil resultó ganador por mayoría. No hubo contrincante, porque otros dos alcaldes, el de San Juan Sacatepéquez y el de Nueva Santa Rosa, no fueron inscritos, bajo pretextos muy convenientes. Ambos reclamaron una competencia desigual y un clientelismo desfachatado. Siero logró así un nuevo período. Nadie hizo caso a sus objeciones, hasta que el 6 de marzo un juzgado emitió una resolución que suspendía tal elección y ordenaba una nueva votación. Por supuesto, cuando a alguien no le conviene un fallo, en lugar de respetarlo anticipa otras acciones “legales”.

Así lo anunció el propio Siero, sí, el mismo que se trajo abajo la obligación edil de velar por el tratamiento de desechos, tan necesaria y urgente; sí, el mismo que adversó el tratamiento de aguas servidas, provenientes de municipios cuyos alcaldes no quieren gastar recursos en plantas de tratamiento —porque no trae réditos politiqueros, que sí aportaría muchísimo a la ecología del país—, porque simplemente no les interesa.

Es probable que la batalla legal por la suspensión o no de los resultados siga escalando niveles. Incluso podría llegar a la Corte de Constitucionalidad. Quizá confían en que al tener cierta incidencia con algunos magistrados reelectos con votos de su partido puedan revertir ese incómodo dictamen judicial.

Sin embargo, hablando lo que es cierto —como decían los abuelos—, las condiciones de participación en la elección presidencial de la Anam no fueron las óptimas como para dar credibilidad a los resultados. Hubo demasiados incentivos como para poder creer que primó la racionalidad. Y si se habla de transparencia, menos. Pero existe otro factor clave: la Anam, en esencia, es una entidad privada, sujeta por ende a unos estatutos ajenos a la representación del Estado, aunque reúna a las municipalidades. Sí, está formada por alcaldes electos, pero regida por intereses cortoplacistas y sin cuentadancia, lo cual se ha demostrado cada vez con más frecuencia a lo largo de su historia reciente. No obstante ello, se ha convertido en una suerte de botín político que ejerce una presión —útil o nociva, según la coyuntura— ante los legítimos poderes del Estado.

No debería representar más que una voz sectorial; sin embargo, por más divisiones, escisiones, disidencias o liderazgos que existan, quien la preside termina capitalizando una voz colectiva en nombre, supuestamente, de 340 municipios, como si fuera una especie de presidencia alterna.

Lamentablemente, previos gobiernos —y el actual, al inicio— han ido cortejando a cada presidente de la Anam como parte de sus estrategias de validación. El anterior oficialismo afirmó que era el más “municipalista”, una afirmación demagógica que resulta difícil de comprobar, pero que suena bien en la mercadotecnia política. En su página web, la Anam afirma llevar “60 años de servicio a la población” a través de las municipalidades agremiadas, lo cual en sí mismo es una falacia de generalización y una anfibología que puede parecer cierta, pero carece de tautología lógica. Es justo allí donde entra el fallo judicial que ordena repetir la elección.

Si la primera votación fue libre, justa, sin “incentivos” ni presiones, debería volver a efectuarse, incluso por vías digitales, para no incurrir en nuevos gastos ni otra francachela.