A las 7 pm de anoche, las redes sociales anónimas anunciaron un paro nacional en 45 puntos de todas las carreteras del país, en un hecho cuyos efectos no solamente son políticos, sino abarcan lo económico, lo social, el derecho de circulación por el país y las normas de la Constitución. Tiene la intención de paralizar el país y por ello no es espontáneo, sino calculado sobre la base de ser posible hacerlo porque no se necesita de muchas personas para impedir el paso por las carreteras del país. Demuestra la existencia de grupos pequeños, organizados bajo el tácito lema de provocar la caída de Arévalo, pero además comprueba la gravedad de hechos rechazados popularmente a causa de la mala calidad de demasiadas de las personas llamadas a hacer gobierno.

Las posibilidades de caer en violencia muchas veces no se materializan por un gran error cometido por incapacidad o mala fe, sino por la suma de una serie de acciones estultas y por dejar crecer la percepción de poca capacidad de actuar y el aumento de la decepción natural hacia todo gobierno, sobre todo aquel llegado por el voto en contra de la candidata contendiente. Los ocultos organizadores buscan el derramamiento de sangre de inocentes. Son criminales. La crisis ya está clara y por eso negarlo es ir contra la corriente. El Congreso tiene ahora una tarea inmediata: emitir una ley para penalizar el uso del derecho de manifestación cuando es notoria la intención de causar preocupaciones a los ciudadanos y la eventual salida de Bernardo Arévalo, pero la ceguera por lograrlo provoca la ausencia de un plan posterior, afianzando así la crisis.

La Constitución guatemalteca pone por delante el bien común, aunque respeta y apoya los derechos individuales. Por aparte, los agitadores, organizadores y los participantes, también obligados a no esconderse cobardemente en máscaras. Así ocurre en los países desarrollados, donde los equipos policiales antimotines actúan de inmediato y con severidad, utilizando gases lacrimógenos y a veces montados en caballos entrenados para repeler situaciones violentas, y con capacidad de capturar sin miramientos cuando todo se sale de control. Los ocultos organizadores buscan el derramamiento de sangre de personas inocentes. Son criminales, y nadie parece entenderlo ni tomarlo en cuenta.

Ayer fue un día aciago a causa de los numerosos bloqueos orquestados dentro y fuera de la capital. La presión popular está creciendo debido al descontento cada vez más generalizado: más de un año para reparar menos de un kilómetro en la ruta Palín-Escuintla; aeropuerto en muy malas condiciones, así como las escuelas y hospitales. Pero el rechazo popular se desbordó con el autoaumento de los diputados, y está explotando a causa del plazo de 45 días para la adquisición obligatoria de un seguro de vehículos, incluyendo motos, sin informar de cómo quedarán obligadas las empresas aseguradoras a cumplir con un tema evidentemente beneficioso para ese gremio, lleno de críticas por seguros no cumplidos.

Algo se debe hacer antes de obligar a ese seguro. Quienes ven lo legal como único asidero, ven la decisión de los seguros como un hecho ilegal porque obliga a adquirirlos, no hacerlo por voluntad propia. Pero el otro lado de este criterio es la necesidad de proteger a los usuarios, ahora a la merced del criterio de los dueños. La reacción de buena parte del público es identificar esa posición como un beneficio para las empresas, y entonces protestan porque lo ven como un gasto adicional innecesario. Esta interpretación ciertamente es errada, pero se debe lograr alguna forma de evitar la viudez y orfandad en las familias. Todo esto tiene muchas otras facetas y concatenaciones: caminos en mal estado y mal diseñados, corrupción de todo tipo. Esa gota derramó el vaso.