Organización vinculada al Colegio de Abogados de Nueva York proponen unidad en el MP para revisar casos de “criminalización”
La propuesta busca revisar casos impulsados entre 2018 y 2026 contra jueces, periodistas y defensores, y plantea cerrar expedientes considerados “espurios”.
Una propuesta elaborada por la organización Cyrus R. Vance Center for International Justice, en conjunto con Dilemas de Fondo, plantea la creación de una Unidad Especializada de Revisión y Descriminalización (UERD) dentro del Ministerio Público, ahora dirigido por el fiscal general Gabriel García Luna, para revisar casos de presunta persecución política y criminalización ocurridos en casi una década, entre 2018 y 2026.
El Vance Center es una organización internacional vinculada al Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que trabaja en temas de derechos humanos, fortalecimiento institucional y acceso a la justicia en América Latina.
Según el documento, la unidad tendría como objetivo revisar expedientes impulsados contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos entre otros actores sociales y políticos, bajo criterios que apuntan a un posible uso indebido del sistema penal.
La propuesta sostiene que la criminalización en Guatemala fue documentada por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones internacionales, que señalaron patrones como múltiples denuncias contra una misma persona, uso abusivo de prisión preventiva, procesos por delitos como usurpación, sedición o terrorismo, así como afectaciones al debido proceso.
Facultades que tendría la unidad
El documento también delinea que la unidad tendría facultades para revisar expedientes de oficio o a petición de parte, promover desestimaciones, sobreseimientos o extinción de procesos penales y priorizar casos de personas encarceladas, exiliadas o con órdenes de captura vigentes.
El documento también plantea la creación de un registro público de casos revisados, mecanismos de coordinación con organizaciones civiles y organismos internacionales, y la eventual investigación de funcionarios que hayan participado en procesos considerados de criminalización.
La propuesta argumenta que el Fiscal General tiene facultades legales para crear esta unidad mediante un acuerdo interno del Ministerio Público y sostiene que el objetivo no es generar impunidad, sino corregir procesos considerados ilegítimos, aunque aclara que los casos con sustento jurídico podrían continuar.
El objetivo, según el centro especializado es, priorizar casos de personas presas o con órdenes de captura y facilitar el retorno seguro de personas en el caso de que se encuentren exiliadas.
Qué facultades tendría
En resumen, la propuesta señala que la unidad podría:
- Asumir casos de otras fiscalías.
- Pedir desestimaciones, sobreseimientos y cierre de procesos.
- Llevar un registro público de casos revisados.
- Coordinar con organizaciones civiles y organismos internacionales.
- Abrir investigaciones contra funcionarios públicos que hayan participado en procesos considerados de criminalización.