“La alternancia fecunda el suelo de la democracia.” Winston Churchill

A raíz de la resolución de la Corte de Constitucionalidad mediante la cual ordenó que, en un plazo de cinco días a partir de su notificación, el CSU debe convocar a elecciones de las diferentes unidades académicas que se encuentran funcionando con autoridades interinas, por lo que, más temprano que tarde, deberá convocarse a elecciones en la USAC de forma generalizada sin excepción alguna.

La legislación guatemalteca en raras ocasiones ha permitido los cargos vitalicios directa o indirectamente, una excepción ha sido la SAT, para las demás instituciones es claro el derecho democrático de la alternancia, siendo la San Carlos la única universidad pública, desde su creación se han establecido las herramientas para garantizar la democratización de sus órganos.

Sin embargo, y como consecuencia de la pandemia, se sucedieron hechos que han dado como resultado, varias irregularidades que dado el momento crucial se aceptaron, una de ellas fue la falta de elecciones, creando con ello un ambiente de incertidumbre, que se amplió en el tiempo por otras circunstancias que nada tuvieron que ver con la pandemia, y que como consecuencia de lo mismo, existen más de diez unidades académicas que se encuentran con decanos o directores en funciones, situación que ya no se puede ni se debe justificar, y que la misma Corte de Constitucionalidad, ha decidido que no se puede prolongar, fijando el plazo antes mencionado de cinco días dentro del expediente 6303-2024 para que se convoquen a elecciones en las diferentes unidades en las que no se han llevado a cabo.

La situación de la USAC no es la mejor, por donde se vea, una es lo sucedido con la elección de cuerpos electorales para decano en la Facultad de Derecho, en la que se inscribió solamente una planilla, ¿Qué pasó? Hasta acá lo único cierto es que nadie más se presentó, cuando en otros procesos hemos llegado a segunda vuelta siempre, hoy no fue así, mi percepción es que debido al descalabro institucional a muchos le agarró el dedo la puerta, pero el cuestionamiento está en la calle que no perdona, más aún que se trata de la universidad estatal.

Debido a que la elección en Derecho fue la primera que se llevó a cabo, ha dejado lecciones que se deben analizar, y que hace necesario que las otras unidades académicas tomen en cuenta, para que se preparen para llevar a cabo las votaciones, con las garantías suficientes para asegurar la mayor participación tanto en relación con la oferta de candidatos, como con garantizar que la mayor cantidad de votantes se presenten a ejercer su derecho, para asegurarlo las reglas deben ser claras, por ejemplo el lugar designado para que voten los alumnos, debe ser si o si en las instalaciones de la Universidad, con los profesionales la situación es diferente, pero los alumnos tienen que hacerlo en las instalaciones universitarias.

Aunque es el CSU el que debe convocar a las elecciones, todas las unidades académicas deben estar preparadas paga garantizar la efectividad de los procesos, asegurando que existe el tiempo suficiente entre las convocatorias y las elecciones, así como la viabilidad y conocimiento del espacios físicos para llevar a cabo los procesos, también los diferentes grupos tanto de estudiantes como de profesionales deben estar preparados para ofrecer a los votantes no solamente varias alternativas, ya sea que actúen como oficialismo o como oposición deben garantizar procesos democráticos, quiero hacer énfasis en la importancia de la oposición, que son los que deben ofrecer los cambios que consideren necesarios.

Para la calle, es difícil comprender que las instituciones procedan de forma diferente a como es costumbre fuera de si es legal o no, y cada día comprende menos lo que sucede en la San Carlos, sumándose a lo que argumentó al CC en su fallo cuando indicó que, “permitir una prolongación injustificada del periodo contraviene el principio de alternancia en el ejercicio de las funciones públicas de renovación periódica, esencial en la democracia universitaria.”

La autonomía no debe ser entendida como un muro que impida el cumplimiento de las reglas en general, debe ser entendida como un derecho para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.