Los países, de cualquier fuerza económica, necesitan atraer fondos e inversionistas extranjeros para iniciar o terminar obras necesarias para el progreso. Un país pequeño en población, territorio y economía logra hacerlo la mayoría de las veces otorgando beneficios adicionales o mayores a quienes colocan su dinero con la meta de aumentarlo, lo cual no es censurable. Pero las reglas y condiciones de los contratos se deben cumplir para no desprestigiarse y alejarse del interés de empresas serias, dejando en demasiados casos la posibilidad solo a entidades privadas o estatales extranjeras dispuestas a aceptar en condiciones oscuras o con trampas jurídicas ocultas. Un gana-pierde, pues.

En Guatemala, durante la Colonia ocurrió el primer caso de expropiación indebida, cuando Carlos III de España lo ordenó en 1767 con las propiedades de los jesuitas y las comunales. Esto muestra la multicentenariedad de acciones, continuadas con la revolución liberal de 1871. Después se iniciaron incumplimientos de contratos y préstamos, declaraciones de lesividad de estos, muchas plenamente justificadas. Hace unos días, el analista Ramiro Bolaños publicó un artículo con datos dolorosos, al explicar por qué Guatemala tiene mala fama en cuanto a ser buen sujeto de pago de estas inversiones, y por eso ocupa ahora el último lugar de Centroamérica, con 1.6%, a la cola de Costa Rica (5%) e incluso Nicaragua, con un 6%, y a la cabeza Panamá, con 10%.

Sobresale la “deuda inglesa”, contraída en deudas esterlinas por la Federación de Centroamérica en 1824, solo tres años después de la separación de España, y cuando se disolvió fue dividida en los cinco países. Se terminó de pagar en 1968, 144 años y seis generaciones después, luego de varias y muy largas renegociaciones ¡con capitalización de intereses!, y reanudó los pagos Ubico, quien por otro lado confiscó las fincas cafetaleras de alemanes en 1943, durante la guerra. (Según Google, la registran los récords históricos de Guiness). En 1920, Carlos Herrera intentó revocar contratos de la compañía Frutera, pero lo derrocó un pronto golpe de Estado y el sucesor Orellana (creador del quetzal como moneda) dejó todo igual, presionado en inglés, claro.

Otros ejemplos: Lucas García autorizó el funcionamiento de la papelera Celgusa con una empresa española, cuyas instalaciones, al lado del Motagua, en la bifurcación hacia Cobán y Barrios, al funcionar hubieran podido eliminar en un año todos los bosques de esa área. En el 2001, Portillo reconoció la deuda de 500M US$. Berger declaró lesivo el contrato de Ferrovías, pero en el 2012 una sentencia internacional obligó a pagar 11M US$. Jimmy Morales declaró nulo el contrato de Pérez Molina por los contenedores de Puerto Quetzal. Hoy, Arévalo enfrenta una demanda de 305M US$%. En resumen: 114M US$ gastados en sentencias; 305 de ese reclamo y mil millones en reclamos en curso, entre ellos Perenco. Debido a las urgentes necesidades del país, esto es una adicional tragedia.

El tema de la inversión internacional directa, tan escasa, debe ser resultado de análisis técnicos, económicos, políticos, pero también de lógica elemental. El país crece y con ello aumentan sus necesidades. Por ejemplo, la población en 2050, a solo 25 años de distancia, será de 24 millones. Serán cien años desde 1951, cuando era de tres y la capital tenía 300 mil habitantes. Hoy tiene 2.6 millones y el área metropolitana, 3.4. Hay relación directa entre los dos factores, aunque la pirámide poblacional por primera vez disminuyó, luego de una breve etapa de estancamiento. Los análisis deben incluir la realidad actual y la proyectada científicamente, para despertar el interés del capital extranjero y dejar de ser tan pequeño como es ahora, un escondido producto de la corrupción.