La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, explicó en un comunicado dirigido a la población que, tras una solicitud del presidente de la República, instruyó a que se realizaran gestiones internas para evaluar la viabilidad de reducir su salario.

Sin embargo, Herrera detalló que los análisis técnico y jurídico concluyeron que dicha reducción no era viable constitucionalmente, ya que el salario asignado al cargo es un derecho adquirido y no puede ser modificado de manera unilateral. Además, resaltó que este monto ha permanecido invariable desde 2004 y que tomar una decisión en ese sentido podría generar futuras repercusiones legales.

La vicepresidenta aseguró que cumplió con todas las obligaciones establecidas por la Constitución y reafirmó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Asimismo, señaló que continuará desempeñando su labor con responsabilidad y trabajando por el bienestar del país.

Ante esta situación, el presidente de la República, al enterarse de que la reducción de los salarios del binomio presidencial no se ha implementado en su totalidad, instruyó al ministro de Finanzas Públicas a aplicar de inmediato la reducción acordada a los gastos de representación de la Vicepresidencia. Esta decisión, según el Ejecutivo, responde al compromiso asumido con la población guatemalteca en materia de austeridad y optimización de los recursos del Estado.