Recolectores y clasificadores de desechos, coloquialmente llamados “guajeros”, perjudicaron ayer a decenas de miles de automovilistas, en una protesta contra el proceso de clasificación de desechos. Se oponen a una transformación que beneficiará a la sociedad en su conjunto, porque es en favor de la conservación del medioambiente, en el cual crecerán también sus hijos y nietos. Declaran estar abiertos al diálogo, pero es evidente que solo buscan imponer conveniencias de su grupo, aunque también se dejan entrever otras inquinas declaradas contra este cambio nacional largamente relegado, anunciado desde hace cuatro años. Tiempo suficiente tuvieron para prepararse.

Pésimo ejemplo han dado declaraciones de varios alcaldes. Esa resistencia a la clasificación de desechos sí erosiona gravemente el derecho de todos los ciudadanos a la salud y a recursos naturales sostenidos. Realizar un bloqueo con camiones de basura frente al Ministerio de Ambiente busca ser una intimidación contra la autoridad que está actuando en legítimo interés del bien común, pero que también falló en establecer mesas de diálogo para divulgar el contenido del acuerdo.

Por otra parte, las autoridades a cargo de los vertederos de la zona 3 y de Amatitlán, que son los principales receptores de basura caótica, a la vieja usanza, tuvieron meses y años para emprender la capacitación e información dirigida a todos los grupos involucrados. Quizá temían la confrontación y, por ello, ponen al área metropolitana al borde de una crisis sanitaria. Esa crisis es la apuesta perversa de recolectores y chatarreros. La autoridad municipal y gubernamental debe empezar a evaluar sanciones contra los saboteadores, no solo a través de multas, sino cancelación de licencias de servicio.

El Organismo Ejecutivo y las municipalidades coherentes deben buscar vías alternas temporales para que los vecinos contribuyan a la recolección o entrega de los desechos clasificados. Solo al ver que existe una alternativa viable en la cual queden excluidos de seguir prestando este servicio, los transportistas de basura se verían obligados a deponer su conducta desechable. Se especifica municipalidades coherentes y responsables, porque en este momento existen otras que desean zafar el bulto —de basura— en otras manos, ya sea por desidia, negligencia o intereses en el negocio del reciclaje.

Las personas que se dedican a la recuperación de materiales necesitan ser reinsertadas en el proceso y pueden ellas mismas incluso comenzar a convertirse en prestadores de servicio de extracción de desechos clasificados. Es absurda la oposición de ciertos recolectores de basura a la clasificación, pues a la larga esto les facilita el trabajo y puede representar mejores ingresos, una dignificación de su labor, una mejor imagen ante la sociedad.

Existen modelos funcionales de procesamiento de desechos clasificados en al menos ocho municipalidades. Alguna de ellas debería presidir la asociación nacional de alcaldes, en lugar de los negacionistas. En ellas se implementaron planes de educación ambiental, capacitaron a los prestadores del servicio de extracción y crearon centros de procesamiento de materiales ya clasificados. Es injustificada la aversión al proceso de separar orgánicos, inorgánicos aprovechables e inorgánicos no reciclables. ¿Puede haber un diálogo? Quizás. Ello requiere que se depongan las amenazas y la resistencia ciega. Ayer por la noche, los manifestantes y las autoridades se sentaron en una mesa de trabajo, la cual no debería ser de dilación ni de saboteo, sino de transformación y avance.