El caso por el asesinato de Melisa Palacios Chacón se ha convertido en uno de los procesos judiciales más complejos de los últimos años en Guatemala.

A lo largo de más de cuatro años, el expediente ha estado marcado por, al menos, siete recusaciones, apelaciones, amparos y múltiples recursos legales que han frenado la búsqueda de justicia.

El 2 de septiembre de 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, resolvió enviar a juicio a Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, sindicados de la muerte de Palacios.

Sin embargo, apenas tres días después, la defensa de los acusados presentó una nueva recusación, que de aceptarse podría cambiar el rumbo del proceso.

Qué ocurriría si se acepta la recusación contra la jueza Carol Berganza

La Ley Orgánica del Organismo Judicial establece que cuando una recusación es aceptada, el juez debe ser apartado del caso y sustituido por otro, de acuerdo con el orden numérico de los juzgados competentes.

En este escenario, el caso pasaría a manos de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, magistrada que ha sido cuestionada en el pasado por beneficiar a políticos y empresarios en casos de alto impacto por corrupción en Guatemala.

Entre sus resoluciones más polémicas se encuentran el cierre de procesos contra Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Blanca Stalling.

Un proceso lleno de obstáculos legales

El expediente por el asesinato de Melisa Palacios refleja las tensiones entre las partes procesales y la fragilidad del sistema judicial guatemalteco frente a casos de alto impacto.

A lo largo de los años, tanto la defensa de los acusados como el MP y el Instituto de la Víctima, que actúa como representante de la madre de la víctima, han recurrido a recusaciones para apartar a jueces, alegando falta de imparcialidad o decisiones que afectaban el curso del proceso.

Primera recusación: diciembre de 2021

El juez José Maximino Morales, de Primera Instancia Penal de Zacapa, fue el primero en conocer el caso.

En diciembre de 2021 decidió excluir pruebas que el MP consideraba determinantes, como los chats entre Bonilla y Marroquín donde supuestamente coordinaban el ataque contra Palacios.

Tras las críticas, Morales se apartó en enero del 2022 y el caso pasó a la Sala Mixta de Apelaciones de Zacapa, que designó a la jueza Sandra Patricia Mejía Esquivel.

Segunda recusación: enero de 2022

La abogada Silvia Yolanda Arrazola España, del Instituto de la Víctima, recusó a la jueza Mejía, argumentando falta de imparcialidad.

La juzgadora decidió excusarse y solicitó que el caso fuera trasladado a otro departamento, lo que llevó a que el expediente quedara en manos del juez Juan José Regalado Rivas, de Chiquimula.

Tercera recusación: marzo de 2022

En marzo, nuevamente el Instituto de la Víctima presentó una recusación, esta vez contra el juez Regalado, alegando que no había aceptado pruebas relevantes como audios, testimonios y capturas de pantalla.

Sin embargo, la Sala de Apelaciones rechazó el recurso y el proceso continuó en Chiquimula.

Entre 2022 y 2024, el expediente permaneció prácticamente estancado, no solo por los recursos presentados, sino también por un proceso paralelo contra Bonilla, acusada de usar teléfonos celulares en prisión, delito por el cual fue condenada en 2025.

Cuarta recusación: 2024 – 2025

El MP solicitó trasladar el caso a un juzgado de Mayor Riesgo en la capital, alegando intimidaciones y falta de imparcialidad en Chiquimula.

No obstante, en enero de 2025 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la solicitud.

Quinta recusación: marzo de 2025

La audiencia de etapa intermedia fue suspendida por una nueva recusación.

En esta etapa, el MP presentó un audio grabado minutos antes del crimen, el cual fue extraído de un video difundido en redes sociales.

El ente investigador argumentó que dicho material confirmaba la coordinación del ataque y solicitó que el caso se mantuviera bajo la tipificación de asesinato.

Sexta recusación: abril de 2025

La CSJ ordenó que la Cámara Penal revisara nuevamente los argumentos del MP para trasladar el caso a un juzgado de Mayor Riesgo.

La defensa de los acusados apeló la decisión, pero los magistrados suplentes rechazaron el recurso.

El caso es trasladado a la capital

Tras la resolución de la CSJ de abril de 2025, que ordenó a la Cámara Penal revisar los argumentos del Ministerio Público (MP), la competencia fue reasignada y el expediente fue remitido a la capital, quedando radicado en el Juzgado de Mayor Riesgo “C”.

El traslado se materializó antes del 2 de septiembre de 2025, fecha en la que la jueza Carol Yesenia Berganza celebró la audiencia de etapa intermedia en la Ciudad de Guatemala.

Séptima recusación: septiembre de 2025

El 5 de septiembre, la defensa de Bonilla y Marroquín presentó una nueva recusación contra la jueza Carol Berganza, quien días antes los habió a juicio por asesinato y rechazado su tercera solicitud de aceptación de cargos bajo los delitos de homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio.

Audiencia clave del 2 de septiembre de 2025

Durante la audiencia intermedia, la jueza Berganza escuchó los argumentos del MP y del Instituto de la Víctima, quienes sostuvieron que el crimen de Palacios no podía clasificarse como homicidio en estado de emoción violenta, sino como asesinato planificado, debido a los mensajes y pruebas recabadas en el expediente.

La defensa de Bonilla pidió la clausura provisional del caso y solicitó que su clienta se sometiera a exámenes psiquiátricos, pero la jueza rechazó ambas peticiones.

Tras evaluar los elementos, Berganza resolvió enviar a los dos acusados a juicio por asesinato, decisión que abrió la puerta a un nuevo capítulo en este largo proceso.

Un caso de alto impacto aún sin sentencia

El asesinato de Melisa Palacios ha sido considerado un caso de alto impacto en Guatemala, no solo por la crudeza del crimen, sino por el entramado de recursos legales que lo han retrasado. Para la familia de la víctima, cada recusación significa una nueva dilación en el acceso a la justicia.

Mientras tanto, el proceso depende ahora de lo que resuelva la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo sobre la recusación presentada contra la jueza Berganza.

Si es aceptada, el caso cambiaría de manos, lo que implicaría nuevos retrasos; si es rechazada, el juicio contra Bonilla y Marroquín podría finalmente avanzar.