Cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) accionaron en contra de la resolución de la Sala Primera de Apelaciones por medio de la cual se modificaron las medidas sustitutivas que les otorgó un juzgado. Actualmente, los togados se encuentran ligados a proceso penal por un caso de supuestas anomalías en la adquisición de un sistema informático para las elecciones 2023.

César Calderón, abogado defensor de los magistrados procesados, confirmó este miércoles 10 de abril que se presentó un amparo ante la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la referida decisión.

Fue la semana pasada cuando se conoció que se aumentó la caución económica establecida a los magistrados, por lo que pasó a ser de Q100 mil a Q700 mil. Asimismo, se mantuvieron las distintas disposiciones dictadas por la jueza Karen Chinchilla y se les agregó la prohibición de acercarse a cualquier sede del TSE.

De acuerdo con Calderón, se presentó la acción bajo el argumento de que en ninguna parte del Código Procesal Penal se establece que un juez pueda prohibir ejercer un cargo. Esto tomando en cuenta que las autoridades electorales retomaron sus funciones tras retornar al país en marzo pasado para ponerse a disposición de la justicia.

Además, el profesional del derecho se refirió a la resolución emitida a pesar de que los magistrados de la Sala de Apelaciones, Rafael Morales y Aura Mansilla, anteriormente se habían excusado de conocer el proceso.