A pesar de las estrategias de seguridad y las acciones que ha emprendido el Ministerio de Gobernación (Mingob) para frenar las extorsiones, pareciera que estas no han dado resultado, de acuerdo con las propias estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) y las denuncias de las víctimas.

Según un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en mayo de este año se denunciaron 2 mil 713 casos de extorsión, frente a los 2 mil 116 del mismo mes del 2024. La tasa interanual aumentó y, en mayo del 2025, se ubicó en 150.6 denuncias por cada 100 mil habitantes. En abril último se denunciaron 2 mil 76 casos.

Walter Menchú, investigador del Cien, indicó que en los primeros meses de este año había una tendencia hacia la baja. Sin embargo, en mayo nuevamente las denuncias aumentaron y en promedio se realizaron ocho diarias. En el mismo mes del año anterior hubo 2 mil 116 denuncias, por lo que este año hay 600 más.

“Es preocupante que los indicadores de violencia homicida y de extorsiones van al alza cada mes”, precisó.

Carlos Vides, presidente de la Junta Directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), afirma que, a pesar de las reuniones sostenidas con delegados del Ministerio de Gobernación, no han logrado evitar las extorsiones. Por cada cobro ilegal —que las pandillas denominan bono 14, aguinaldo y bono escolar— pagan aproximadamente Q100 millones, lo cual sale de las ganancias de unos 18 mil buses a nivel nacional.

“Este año nos hemos reunido tres veces con autoridades del Mingob, pero solo nos escuchan. Actúan, pero no tienen la capacidad operativa para terminar con este lastre”, afirmó.

Vides señaló que la cantidad que paga cada empresario depende del número de buses que tenga.

Los afectados por estos cobros ilegales no son únicamente los transportistas, sino también los comerciantes, pilotos repartidores de productos de abarrotería, recolectores de basura y hasta vendedores ambulantes, quienes han sido víctimas de ataques por no acceder a las exigencias. Investigadores de la PNC reconocen que los afectados pagan por temor a sufrir daños.

¿Qué acciones ha tomado el Mingob?

El 8 de febrero del 2024, el Mingob presentó ante los medios de comunicación al Grupo Especial contra Extorsiones (Gece), integrado por 440 agentes de la PNC, cuya función es combatir las extorsiones.

La operación de este grupo consiste en que, mientras el personal recaba información con la víctima de extorsión y contribuye con la investigación de campo, los agentes motorizados aseguran el perímetro donde se desarrollan las pesquisas y colaboran en la captura de sospechosos.

Según información proporcionada por el Departamento de Comunicación de la Policía Nacional Civil (PNC), desde que comenzó el actual gobierno se han efectuado 4 mil 330 operativos preventivos, 300 allanamientos y se ha logrado la desarticulación de varias redes criminales vinculadas con la extorsión y otros delitos. Por ello, aseguran que se han asestado golpes al crimen organizado para frenar las extorsiones.

También se indicó que se han sostenido reuniones con el sector empresarial, transportistas y comerciantes para discutir planes de seguridad. Con el mismo propósito, indican que en las últimas semanas se han efectuado requisas en todas las cárceles, con el objetivo de evitar que se realicen llamadas de extorsión.

Las diligencias más recientes se llevaron a cabo en la cárcel catalogada como de máxima seguridad, Renovación 1, en Escuintla, donde se decomisaron dos teléfonos que eran utilizados para realizar llamadas amenazantes. Como parte del operativo, fueron capturados un guardia penitenciario y un agente de la PNC, por supuestamente colaborar con una estructura de extorsionistas.

Menchú hizo ver que, a pesar de que el Mingob y el Ministerio Público (MP) aseguran haber desarticulado estructuras del crimen organizado, esto no se refleja en los indicadores.

El investigador refiere que el Estado no tiene presencia en varios territorios, principalmente en aquellos donde existe narcotráfico, a pesar de contar con información sobre cómo operan estas estructuras.

“Hay que ver los factores de riesgo. Llevamos más de 15 años con esta información acerca de qué se puede hacer para controlar los territorios, y si no se ha hecho es por falta de voluntad de las autoridades”, señaló.

Recomendó implementar una estrategia de control territorial, seguida de estrategias de prevención a corto y largo plazo, con el objetivo de evitar que los jóvenes se integren a grupos criminales.

Entre enero y junio de este año, el portal electrónico del Plan de Desarrollo Institucional y Estadístico Criminal (Pladeic) de la PNC, indica que las extorsiones se dirigen principalmente a las residencias, con mil 77 casos reales, seguidas por 62 contra comercios, 12 al transporte y dos a centros educativos. Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango son los departamentos más afectados.

Causas

Carmen Rosa de León, investigadora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), señala que el incremento de las extorsiones se debe al alejamiento del uso de la inteligencia en la función policial en temas de investigación criminal, pero no para perseguir a personas por otros intereses personales.

En el caso del transporte de pasajeros, afirma que es complicado reducir ese flagelo, debido a que, dentro de las propias víctimas, se encuentran los extorsionistas, pues no hay control sobre las personas contratadas, e incluso los autobuses tampoco cuentan con los requisitos para circular.

“Resulta que los pilotos tienen relación con las propias pandillas y por eso también continúan los asaltos. A esto se suma la falta de denuncia; entonces, es complicado que la PNC, a pesar de tener grupos especiales para combatir ese problema, tenga los resultados esperados”, afirmó.

Otro de los problemas, según la investigadora, es la falta de agentes policiales, más aún cuando muchos de ellos están asignados a resguardar a exfuncionarios y funcionarios públicos.

“La incidencia criminal es más alta que la capacidad de la PNC”, señaló.

También cuestionó por qué no se le dio continuidad al Consejo Asesor de Seguridad, que era el encargado de velar por los temas de seguridad ciudadana.

“En determinados momentos se tuvieron encuentros con los transportistas, y muchos de ellos no tenían listados de los propios pilotos; solo les entregaban el dinero del día y pagaban el dinero de las extorsiones”, afirmó.

En aumento

Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), señala que la percepción es que las extorsiones van en aumento, debido a que “los extorsionistas están más exigentes y elevando cuotas”.

“Las empresas están sometidas a extorsiones, probablemente de personas simuladoras, maras y delincuentes con estructura”, indicó.

Lacs explicó que, según sus reportes, hasta abril último se habían registrado 9 mil 141 casos, por lo que el 2025 podría cerrar con unos 23 mil 500 casos, “ligeramente por debajo del 2024, pero mucho más que en el 2023”.