El MP investiga al notario David Barrera por la venta irregular de empresas y lavado de dinero. También se indaga al Hospital General San Juan de Dios por contratar a Grupo Propela sin justificar los trabajos realizados. Se han solicitado capturas por fraude y evasión fiscal.

El Ministerio Público presentó este 16 de diciembre los primeros avances de la investigación del caso de defraudación tributaria B410, que involucra a un notario, exfuncionarios del Hospital General San Juan de Dios y a una empresa contratista del Estado.

Mario Pérez Zapeta, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, señaló que el notario David Francisco Barrera Maldonado es señalado por su presunta participación en el lavado de dinero a través de la venta irregular de sociedades anónimas.

La investigación detalla que Barrera cobraba Q13,000 por la constitución de cada empresa y una tarifa adicional de Q1,575 por registrar su vivienda como domicilio fiscal de 207 sociedades. Muchas de estas empresas carecen de una ubicación física verificable, lo que ha generado sospechas de operaciones ilícitas.

El MP detalló que, en una operación realizada en agosto de este año, se allanó la oficina de Barrera en la avenida Reforma, donde se confiscó un celular que aún está siendo analizado. De las 207 empresas registradas bajo su nombre, solo 57 continúan operando, y se sospecha que estas podrían estar siendo utilizadas para la venta de facturas falsas, con montos de hasta Q29,000, lo que permitiría evadir la bancarización y ocultar operaciones financieras ilegales. Además, se investiga si algunas de estas sociedades están vinculadas a la evasión fiscal.

El fiscal Pérez Zapeta también señaló que los bufetes de abogados han adquirido sociedades de Barrera para sus propios fines, y que la Superintendencia de Administración Tributaria ha presentado una querella relacionada con 35 de estas empresas.

Por otro lado, el caso B410 también ha salpicado al Hospital General San Juan de Dios, donde se investiga la contratación de servicios de remozamiento por un monto de Q7.5 millones al Grupo Propela, una empresa que, según una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, no presentó documentación que respalde la ejecución de los trabajos contratados.

El fiscal Zapeta explicó que la denuncia se originó a raíz de una alerta de la SAT sobre la facturación de estas empresas al Estado. Tras la investigación, el MP solicitó la captura de varios exfuncionarios del hospital y del representante legal del Grupo Propela por el delito de fraude. Además, se reveló que dicha empresa nunca pagó impuestos, a pesar de haber prestado servicios al sector público.

El MP tenía previsto ejecutar 13 órdenes de captura en el marco de la investigación, aunque solo se concretaron tres detenciones hasta el momento.

Por Andrea Palacios