El Tribunal Supremo Electoral (TSE), institución fundamental, fundacional y cimera del sistema democrático guatemalteco, se encuentra dando vueltas en un laberinto creado por múltiples intereses y asedios, empezando por los propios partidos a los cuales debe regir pero que se resisten a seguir lineamientos tan básicos como rendir cuentas claras de sus finanzas, financistas y mecanismos de elección interna de candidatos, comités directivos y cumplimiento de obligaciones legales. Para muestra un fiasco: existen partidos que debieron ser cancelados al no lograr el porcentaje mínimo de votos en las elecciones del 2023, pero ahí siguen de rémoras, al menos mientras llega al siguiente cascarón electorero.

Siguiendo el símil del mito griego del laberinto de Creta, el TSE, debilitado, sin cuatro magistrados titulares, precariamente integrado por una titular y suplentes, vaga por el caos, tratando de combatir a un minotauro de ambiciones caudillistas, conflictos de interés e intentos partidistas por debilitar aún más la Ley Electoral, cuyas reformas quedaron varadas, amarradas a la amenaza de más distorsiones clientelares por parte de un Congreso holgazán, pretencioso, inverecundo con abundantes perfiles negligentes.

Ya lleva más de año y medio sin sentencia el proceso contra cuatro magistrados titulares señalados por el Ministerio Público de la supuesta compra sobrevalorada del sistema de transmisión preliminar de datos electorales (Trep). El costo institucional de una suspensión tan prolongada sin que se haya logrado probar el supuesto fraude crea un doble desgaste: al propio TSE y también a la fiscalía que lleva el expediente. Si hay que aplicar justicia, se debe agilizar el juicio, sobre todo tomando en cuenta que a la actual fiscal le restan menos de 11 meses en el cargo.

El más reciente intríngulis del TSE surgió por haber facilitado boletos y viáticos a cinco diputados e integrantes de partidos políticos para asistir a un curso de capacitación en España, centrado en “desinformación”. Basta ver, primero, a algunos de los partidos participantes para musitar con sorna si no tienen ya “doctorados” en la materia. Pero ya en serio y en concreto, lo que se cuestiona es el otorgamiento de fondos públicos a personajes y grupos que tienen sus propios recursos, sobre todo si tomamos en cuenta el abusivo, ilícito, desleal e injustificado aumento de salario que vienen cobrando los legisladores. ¿Tal concesión es para ganar puntos en la siguiente designación de magistrados o solo un afán de despilfarrar dineros públicos?

Guatemala se encuentra prácticamente a dos años del siguiente proceso electoral y ya se anuncia el inicio de la revisión de posibles centros de votación, lo cual no debería entrañar gran novedad —ni exagerado gasto—, pues suelen ser planteles educativos públicos y privados. En lo que sí se debería invertir tiempo y recursos es en la mejora de la implementación del voto en el extranjero, el empadronamiento de migrantes guatemaltecos y la consolidación de un padrón electoral según la ubicación en Estados Unidos.
Sí, debería existir la posibilidad de que los migrantes voten por alcaldes y diputados de sus distritos; sí, debería discutirse la democratización interna de los partidos para que las candidaturas sigan vendiéndose al más abultado postor —incluyendo dineros sucios—, y sí, debe reforzarse la verificación del origen de fondos de campaña. Pero el minotauro electorero sigue suelto y anda buscando desarmar aún más al TSE para que no pueda dominarlo. Hasta ahora, solo un par de partidos se han expresado en contra del asedio antidemocrático, lo cual solo refleja perversos afanes del resto.