El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó, por emergencia, la exploración y explotación de los pozos petroleros Atzam y Tortugas a la empresa Industrial de Servicios, Sociedad Anónima —Insersa, por su nombre comercial—.

Los pozos, que deben someterse a un cierre técnico al cabo de los diez años del contrato, generan rendimientos diarios de alrededor de US$65 mil, de acuerdo con fuentes informadas sobre la extracción petrolera.

El contrato de servicios petroleros de emergencia para el bloque 7a número cero uno guion dos mil veinticinco (01-2025), celebrado el 8 de agosto entre el Ministerio de Energía y Minas e Insersa establece que la contratista podrá realizar los trabajos de exploración indirecta y directa que considere necesarios, para obtener una mayor producción y que los ingresos obtenidos sean destinados conforme a la distribución indicada para la ejecución del cierre, desmantelamiento y abandono.

Por años, los pozos estuvieron administrados por Latin American Resources, compañía vinculada con Gregory Charles Smith, esposo de la excandidata a la presidencia Zury Ríos.

Señalamiento

La explotación de los pozos Atzam y Tortugas, ubicados en Ixcán, Quiché y Cobán, Alta Verapaz, estuvo marcada por señalamientos de daños ambientales y sociales.

En 2023 el MEM puso fin al contrato con LAR “por incumplimientos legales y contractuales”, de acuerdo con los antecedentes expuestos en el contrato 01-2025 con Insersa. Luego de los trámites internos, en febrero de 2025 el MEM acordó “declarar de emergencia la contratación de servicios petroleros”, según se indica en el contrato “para garantizar la seguridad de las personas y comunidades circunvecinas, el medioambiente , así como las instalaciones, bienes e intereses del Estado” mediante la continuidad de las operaciones petroleras.

Las empresas que buscaron obtener la operación de los pozos son las sociedades anónimas Arcadia Exploraciones; Calidad; Operadores Mineros; Islanda Oil Exploration Services; Tritan Energy Guatemala, e Industrial de Servicios (Insersa).

Insersa se constituyó el 11 de enero de 2024 bajo la fe de la notaria Emily Antonieta Cacoj Pérez. Según registros oficiales, sus socios fundadores son Charles Edward Coates Villacorta y José Ramón Soto Gálvez.

Fuentes del sector petrolero y representantes comunitarios señalan que Insersa podría estar vinculada con las mismas personas que integraban LAR. Los pozos Atzam y Tortugas, según estimaciones, podrían generar rendimientos diarios cercanos a los US$65 mil, lo que explicaría el interés de diversas empresas por mantener su explotación operativa de forma inmediata.

Los representantes de LAR como los de Insersa niegan cualquier vinculación directa.

En 2024, el MEM resolvió cancelar el contrato de LAR por atraso en el pago de regalías, multas y otros adeudos que ascendían a aproximadamente US$1.5 millones, más intereses. Además, las comunidades locales de Alta Verapaz denunciaron reiteradamente promesas incumplidas de indemnización, desarrollo y compensaciones laborales que LAR no cumplió.

Investigaciones de los medios No Ficción y ConCriterio han detallado cómo LAR, bajo diferentes nombres corporativos —como Mexpetrol, Petro Latina o Quetzal Energy—, atrajeron inversiones millonarias desde Australia, cuyos fondos desaparecieron sin generar los beneficios esperados. Algunos exdirectivos fueron señalados por desfalcos y desvío de recursos, mientras que la empresa enfrentaba demandas judiciales tanto en Guatemala como en el extranjero.

Además, investigaciones periodísticas han señalado que Smith intentó incidir en las decisiones del MEM mediante contactos con funcionarios y aliados políticos, en un esfuerzo por evitar la revocación de los derechos de explotación. Sin embargo, la cartera resolvió dar por terminado el convenio.

Se pidió al Ministerio de Energía y Minas una explicación sobre la concesión del contrato pero durante una semana no se obtuvo respuesta.

Sin conexiones

La exrepresentante legal de Latin American Resources, Andrea María Fajardo López, explicó que trabajó para esa compañía durante más de doce años y que, desde 2018, denunció actos de corrupción cometidos por directivos y funcionarios vinculados con el sector de hidrocarburos. Según relató, ella misma filtró información a medios de comunicación sobre presuntas irregularidades y asegura que, a raíz de eso, ha sido objeto de señalamientos y campañas en su contra.

En cuanto a las acusaciones de que los socios de Insersa —la empresa que actualmente administra los pozos Atzam y Tortugas— serían los mismos que operaban Latin American Resources, Fajardo lo calificó como “100 % falso”. Subrayó que no mantiene ninguna relación con los inversionistas anteriores y que, por el contrario, algunos de ellos formaron parte de empresas competidoras.

Afirmó que Insersa cuenta con respaldo financiero y técnico propio, distinto al de los inversionistas de Latin American Resources. Reiteró que los ataques en su contra responden a los intereses de competidores y exfuncionarios del sector energético.

“No soy dueña, ni socia, ni accionista de ninguna de estas compañías. Lo único que hago es dar la cara y trabajar con transparencia”, afirmó.

Fajardo recalcó que, en su caso, únicamente prestó servicios de consultoría a Insersa para que pudieran participar en el evento. Relató que, en el pasado, enfrentó procesos legales y embargos personales derivados de conflictos con exempleados de LAR.

En relación con los señalamientos de contaminación ambiental en Alta Verapaz por parte de LAR, Fajardo sostuvo que se trató de acusaciones falsas. Según su versión, durante la inspección se comprobó que los residuos encontrados no provenían de la operación petrolera, sino que habían sido colocados por pobladores con aceite quemado.

“Fue lo mismo que ocurrió en Fray Bartolomé de las Casas, un montaje provocado por actores interesados en apropiarse del campo”, afirmó.

La exrepresentante señaló que, en ese entonces, recomendó al presidente de LAR, Gregory Smith, que la empresa debía cumplir con sus pagos de regalías, las cuales ya acumulaban multas y moras millonarias. Según sus cálculos, la deuda total podría rondar los US$5 millones, considerando penalidades e intereses.

Además, Fajardo mencionó que interpuso denuncias en el Ministerio Público relacionadas con la captación irregular de capitales en el extranjero por parte de LAR. Una de estas fue presentada en abril de 2021, pero aseguró que el abogado Steve Galindo, vinculado a la petrolera, logró que se desestimara. Sin embargo, este año el caso volvió a reactivarse, y ella continúa aportando información al proceso.

Aseguran que no hay nexos

Daryn Barahona, director de Industrial de Servicios, Sociedad Anónima (Insersa), negó que exista algún tipo de relación con la compañía Latin American Resources, anterior operadora de los pozos petroleros Atzam y Tortugas, en Alta Verapaz.

“Eso es totalmente falso. Somos una empresa mexicana, 100% independiente y no tenemos nada que ver con Latin American”, aseguró el directivo en comunicación con Prensa Libre.

El ejecutivo explicó que la confusión se ha generado porque Insersa está actualmente a cargo de la explotación de los pozos, luego de que Latin American dejara diversas deudas en el país.

“La gente piensa que somos la misma empresa, pero no es así. Incluso estamos pagando compromisos que no nos corresponden. Lo que queremos es reactivar la economía local”, indicó.

Además, invitó a la prensa a visitar las operaciones en Alta Verapaz para constatar el trabajo en campo.

Sobre Latin American, Barahona señaló que la firma perdió totalmente el control de los pozos por incumplimientos con el Estado. “Ellos no pagaron lo que debían y por eso se les retiró la operación”, afirmó.

El directivo aclaró que los pozos están cerrados desde hace cuatro años, por lo que actualmente “no hay absolutamente nada de producción; es cero”. No obstante, adelantó que Insersa planea invertir de inmediato para reactivar los campos:

“Inicialmente estamos hablando de una inversión de US$3 millones para mitigar la emergencia, pero a largo plazo la cifra podría alcanzar los US$10 millones.”

Sobre el tema ambiental, reconoció que el proceso está en desarrollo debido a la naturaleza de la adjudicación. “Como es un contrato de emergencia, estamos trabajando en paralelo con la actualización del estudio de impacto ambiental. Hay que retomar el que ya existía y luego hacer uno con más detalle”, señaló.

Finalmente, invitó a visitar el área para constatar las condiciones en que recibieron los campos y los trabajos en marcha: “Sería muy bueno que fueran a ver cómo está ambientalmente el estado del campo, el estado de los pozos y las comunidades.”