El Ejecutivo calificó la aprobación del presupuesto del 2026 con eufemismos que distan mucho de describir el bodrio de extralimitaciones, lesividades, bolsones opacos y desórdenes que fueron embutidas con premeditación, alevosía y nocturnidad en un decreto que ya de por sí era disfuncional y antitécnico. Desde la llanura reclamaban transparencia, mesura en el gasto y criterios técnicos para la ejecución. Era pura politiquería. El oficialismo legislativo y sus aliados de ocasión, literalmente comprados con dinero público, se recetaron de entrada la continuidad de su autoaumento abusivo y jamás devengado, dada la paupérrima —por no decir inexistente— calidad del desempeño diputadil cargado de nulidades, negligencias, clientelismos, hipocresía y demagogia.

El peor supuesto fue creer que la iniciativa de presupuesto iba a ser técnica y de consenso, con todo y la parafernalia de escuchar a sectores. La Comisión de Finanzas retrasó el dictamen hasta el último día, por supuestas revisiones, pero al final toda la ruleta giró en las enmiendas de curul. Un casino de desvergüenzas con apuestas altas a los números rojos. Sí, un techo presupuestario que se eleva, con todo y arrastres, más allá de los Q170 mil millones, con más de Q30 mil millones de deuda adicional, de la cual menos de la cuarta parte va a inversión. Insostenible.

Las estimaciones tributarias son excesivamente optimistas, pero en lugar de usarlas para financiar con recursos propios, sirven de pretexto para agarrar más créditos. Por si fuera poco, se obliga al Banco de Guatemala a apostar recursos de sus reservas para emprender un riesgoso financiamiento de Q300 millones de los guatemaltecos para el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con sede en Caracas.

Otra extralimitación es el reciclaje de saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo, entes caóticos en los cuales se entrecruzan ambiciones de alcaldes, gobernadores y diputados, así como contratistas que resultan ser financistas de grupos locales. Tal maraña mezclada con los afanes del año preelectoral ha producido una deficiente ejecución, en cantidad y calidad. En el 2024 se avaló el traslado de saldos sin ejecutar para este año. Y para el 2026 se ha vuelto a repetir el amaño, que sumará más de Q16 mil millones disponibles. Si no han podido ejecutar este año ni una cuarta parte de eso, ¿por qué premiar la mediocridad? La respuesta solo apunta al dispendio y el saqueo.

El porcentaje de gasto destinado a funcionamiento en los tres organismos del Estado es avasallador y miope. No se contempla ninguna transformación del aparato de servicio público ni evaluación alguna de aptitudes, capacidades o necesidades profesionales. El retraso de leyes importantes como la de Servicio Civil, de Contrataciones o contra el Lavado de Activos son síntomas de la indolencia que prima en el Legislativo, pero que el Ejecutivo tolera y aprueba con anodino discurso. El chompipe de la fiesta termina siendo toda la población productiva que lucha y se esfuerza para pagar tributos para sostener un Estado que debería priorizar sus necesidades de infraestructura, competitividad y desarrollo humano.

Los vicios del Presupuesto se empiezan a repetir, como el traslado interanual de fondos de arrastre, la falta de mecanismos de fiscalización y penalización por malversación de fondos. Es una vergüenza el adefesio de ilegalidades, ambigüedades y opacidades que se concentran en el presupuesto del 2026, que fue empujado por aquellos mismos que alguna vez juraron luchar contra la corrupción, pero se rindieron a una manga de aprovechados.