Riesgos dentro de la libre emisión del pensamiento

Desde hace nueve días, con el alevoso asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ha proliferado el rechazo a través de publicaciones periodísticas profesionales tanto en la prensa escrita como en la divulgada en los numerosos programas de opinión, tanto por la radio como la televisión, en una valiosa muestra del ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Quienes han escogido informar y comentar sobre acontecimientos políticos deben tener plena conciencia de la posibilidad de nuevos y cobardes hechos. Sin embargo, es clara la posible repetición de la poca permanencia de estos repudios y para ello basta conocer o recordar casos similares durante la guerra interna, justificados muchas veces como efectos de esa sangrienta confrontación fratricida.

Los comentarios de ciudadanos comunes y corrientes para tener validez necesitan determinadas características: además de no ser anónimos, deben estar plenamente identificados a lo largo del tiempo de la crítica o el apoyo, y ello implica también un nombre para el espacio de opinión e interpretación de los hechos. Muchas veces son simples reacciones no meditadas ni basadas en lo ocurrido, y también en simples mentiras o exageraciones. Esta decisión se debilita cuando alguien toma el camino de expresar su pensamiento con criterios basados solo en alucinaciones, no análisis cuidadosos y sobre todo responsables. El comentarista, creo, también necesita identificar y calificar por sí mismo su posición ideológica o política como serena, extrema o intermedia. Le será útil.

Quienes ejercitan el periodismo de opinión, aunque no sean profesionales en el tema, también deben fijarse en el daño hecho a ese gremio y al ejercicio de la libre emisión del pensamiento, porque cuando se descubre la mala fe, los ciudadanos pueden rechazar todo aquello publicado. Por supuesto, hay errores por falta de suficiente información previa y con ello daño al prestigio personal de quien es criticado, pero la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento regula y castiga a la injuria, la calumnia y la difamación, aunque las permite en el caso de los funcionarios públicos. Esto es así para evitar juicios cuya meta real es silenciar la crítica por medio de juicios sin base legal. Es fácil entender las presiones para alterar y desfigurar la Constitución.

Los neo-comentaristas pueden decidirse a emplear el llamado “semáforo de percepción de riesgo”. Mantenerse, equivale a luz verde; reducir el nivel de la crítica, a luz amarilla, o retirarse por sentirse o temer estar amenazados, a luz roja. Tienen derecho y es una decisión personal, íntima, o también derivada de la presión de la familia. Han surgido comentaristas de corta edad, menores de 25 años, y por tanto desconocedores de cómo quedó ensangrentado el camino de la crítica política en los 36 largos años de guerra interna. Admiro el lenguaje ajeno a insultos, sereno, específico, lo cual implica valentía, pero desconocimiento de nuestra historia. Los insto a despertar la conciencia del riesgo, en un país donde no hay esos recuerdos entre la mayoría poblacional.

La semana anterior me referí, y lo repito hoy, al papel del ciudadano de a pie. No hay necesidad de escribir, participar en manifestaciones, un derecho ciudadano desprestigiado aquí por la poca cantidad de asistentes (con excepción de las espontáneas reuniones del 2015 frente al Palacio Nacional, previos a la renuncia de Otto Pérez), y porque al ser llevados en autobuses contratados rompen esa espontaneidad, común en otros países. La colocación de calcomanías en vehículos y panfletos no difamatorios en paredes no pertenecientes a propiedades privadas es un recordatorio silencioso de la necesidad de hacer lo posible para evitar una nueva etapa de sangrienta violencia política. El terror de esa guerra interna afianzó la falta de decisión y carácter de toda una generación.