Un grupo de abogados impugnó la “Ley de Delincuencia Organizada” en su referente sobre la suspensión de la personería jurídica. Se trata de un tema que atañe al partido Movimiento Semilla pues basado en esta normativa, el juez Fredy Orellana ordenó detener su inscripción. Este fue el tema en el espacio de análisis de ALas845.

En el programa fue entrevistado Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, que integra el grupo de profesionales que accionó contra la normativa.

Orellana al principio recordó que la ley nació como un “paquete” de normas que el gobierno de Estados Unidos “implantó” en el país. A la par de este detalle, adujo que aunque se planteó de buena forma, no se tomó en cuenta el contexto judicial.

“Reconocemos con los colegas que este paquete de leyes es uno importado e impuesto por los Estados Unidos. Estaba bien planteado en su momento, pero lo que no tomaron en cuenta es que la calidad del sistema judicial que iba a aplicar estas leyes”, dijo.

El experimentado abogado, hizo una analogía sobre el retiro de la partida de nacimiento a una persona, lo cual le impediría poner en práctica ciertos derechos.

“El equivalente de esta medida es que a cualquiera se le cancelara su partida de nacimiento. Perderían su capacidad temporalmente, de ejercer derechos. Lo que nos motiva es que esta suspensión de la personalidad jurídica no tiene una definición en cuanto al tiempo. Puede ser una semana o 50 años, pero en ese ínterin la persona queda privada para ejercer su derecho a la defensa”, explicó.

Orellana insistió en que la inconstitucionalidad no se basa en la situación del partido Semilla, aunque fue consultado por el caso de la agrupación y cómo se podría desarrollar.

“Vamos a suponer que la CC declara la suspensión de esta normativa hoy. Y el juez Orellana tiene que dictar sentencia mañana. No tendría fundamento legal alguno porque esta norma está en suspenso. La acción no está a favor de un partido político, sino que podría relacionarse a cualquier banco del sistema u otra entidad. El segundo escenario es que si la CC sustenta que la acción es infundada, se regresa a la suspensión provisional. Luego el MP tendría que pedirle a la CC que previo juicio, la cancelación de Semilla. Esto podría tardar 4 años, o 10 años “, aseguró.

El abogado también resaltó que en otras ocasiones se accionó contra la normativa pero en términos generales.

“Todas las acciones que se han deducido contra la ley de extinción de dominio y el paquete que vino contra Estados Unidos, se ha planteado en términos generales. Jamás se había planteado de forma concreta contra seis palabras de un artículo. Nuestro planteamiento es en abstracto y el partido no tiene nada que ver”, adujo.

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