Con la petición de retiro de inmunidad contra la Fiscal General Consuelo Porras, solicitada por el Procurador General de la Nación, este ese el proceso que debe llevar la solicitud antes de conocer si la jefa del Ministerio Público puede o no ser investigada.

Tras la petición de retiro de inmunidad en contra de la fiscal general Consuelo Porras promovida por el Procurador General de la Nación, se inicia un proceso de diferentes instancias hasta conocer si la jefa del Ministerio Público puede o no, ser investigada.

En este caso, la petición fue colocada ante la dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial, por lo que este ente, debe trasladar la misma a un juzgado de primera instancia penal, el cual se elige de forma aleatoria según el sistema del organismo.

Una vez se asigna al juzgado, el juez encargado de este deberá notificar a la Fiscal que existe un proceso de antejuicio en su contra, una vez sea notificada, el juzgador deberá inhibirse de seguir conociendo el proceso, pues no esta facultado para da respuesta a la solicitud, por lo que debe elevarla a la Corte Suprema de Justicia.

Luego que la solicitud llegue a manos de los magistrados, estos deberán analizar la petición y decidir si dan trámite o no a la misma, es decir analizar si la denuncia es política, espuria o ilegitima. Si la Corte establece que existe alguno de estos tres factores en la denuncia, se rechaza la solicitud.

Si de lo contrario los magistrados consideran que hay una denuncia debidamente fundamentada y que amerita ser procesada, se dá trámite a la petición.

De acuerdo a la ley en materia de antejuicio, son diferentes entes los que pueden decidir quien le retira la inmunidad a un funcionario público, ya sea una sala de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia o bien el Congreso de la República.

En este caso, si la Corte estableciera darle trámite a la petición del procurador, el antejuicio contra la fiscal general debe ser trasladado a manos del Congreso de la República, que una vez notificados, deberán conformar una comisión pesquisidora formada por 5 diputados.

Esta comisión tendrá un plazo de 60 días para analizar el proceso, citar a las partes involucradas, oír sus cargos y descargos y posteriormente emitir un informe al pleno del congreso, para que en una sesión plenaria se discuta si se le retira o no la inmunidad.

Para retirarle el derecho de antejuicio, la petición tiene que ser aprobada por 107 parlamentarios.

Si se diera la posibilidad de retirarle la inmunidad a la fiscal, el procurador solicita que se nombre un fiscal especial para que lleve a cabo la investigación contra la jefa del Ministerio Público.

Por Bryan Choy