Las recientes tomas de rehenes y los motines registrados —casi como si hubieran sido programados— durante la última semana han reavivado la preocupación sobre el debilitado control en los reclusorios.

“¿Quién controla las cárceles?” es una de las preguntas que nuevamente sale a relucir, a raíz de los disturbios ocurridos el jueves 14 de agosto en las prisiones de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, y Pavoncito, en Fraijanes, donde guardan prisión pandilleros. Casi de forma planificada, el 12 de agosto también fueron tomados como rehenes 10 guardias del SP en el Preventivo para Varones de la zona 18 y en el centro penal Fraijanes 2.

Para Eddy Morales, exdirector del SP,la fragilidad en el control de las cárceles guatemaltecas obedece a factores como la sobrepoblación, la falta de personal, la corrupción y la escasa inversión en infraestructura y tecnología.

A ello se suma el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces, pese a la existencia de medidas sustitutivas.

“La toma de rehenes se debe a la vulnerabilidad del personal penitenciario, la ausencia de protocolos efectivos y el control que ejercen los grupos criminales dentro de las prisiones”, remarcó Morales.

La sobrepoblación penitenciaria dificulta el control y la supervisión efectiva. Además, la escasez de personal, derivada de la falta de suficientes agentes penitenciarios, limita el mantenimiento del orden y la seguridad en los centros de reclusión.

El 31 de julio, varios cabecillas de pandillas fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla. Desde entonces, se han registrado motines, ataques armados fuera de los penales y la localización de Q192 mil en efectivo en poder de un privado de libertad, hechos que reflejan el debilitamiento del control estatal en el sistema penitenciario.

Estructuras criminales operan en cárceles con apoyo externo

Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), aseguró que durante décadas no se ha logrado subsanar el problema de la prisión para personas sentenciadas, ni establecer una clasificación adecuada que permita concentrar en distintos reclusorios a quienes cumplen condenas por delitos similares.

Actualmente, existe una mezcla de privados de libertad condenados por distintos delitos, sumada a la sobrepoblación y a condiciones adversas que propician la formación de estructuras criminales, sobre todo entre quienes enfrentan condenas por delitos graves. Estas agrupaciones, en colusión con otras organizaciones, continúan cometiendo actos ilícitos desde el interior de las prisiones.

“Desde hace muchos años se tiene evidencia de que estas estructuras están completamente enquistadas. No responden únicamente a las personas privadas de libertad, sino también a otras estructuras de la fuerza pública. No es un fenómeno reciente, sino una manifestación de estas redes criminales”, puntualizó Guillén.

Reiteró que esta situación es reflejo de una violencia estructural.

Sin protocolos, reos toman control con facilidad

Morales agregó que otro problema es la ausencia de protocolos de actuación. La falta de lineamientos claros y efectivos para manejar situaciones de toma de rehenes contribuye a que los reclusos puedan asumir el control con relativa facilidad.

También influye la fuerte presencia de grupos criminales dentro de las prisiones, como las pandillas y otras organizaciones delictivas, que tienen capacidad para organizar y ejecutar estos actos desde el interior del sistema penitenciario.

En cuanto a las sanciones, muchos de los reclusos que lideran las retenciones ya han sido condenados a largas penas y enfrentan cargos que les impedirán salir de prisión. En ese contexto, la amenaza de nuevos procesos penales carece de impacto real para ellos.

Aun así, los privados de libertad involucrados en la toma de rehenes pueden ser procesados por delitos como secuestro, extorsión u otros vinculados a los hechos.