A través de su perfil en Facebook, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) eleva la vara y lanza la exigencia de incremento salarial general de 15%, como contraposición al anuncio gubernamental de 5%. Sin embargo, lejos de ser un pronunciamiento membretado, con considerandos y argumentos racionales, firmado por líderes, el mensaje se emitió como si fuese una actualización cualquiera. De una dirigencia magisterial responsable se esperaría una propuesta seria, integral y visionaria.

La publicación virtual se hizo un día antes de la interposición de acciones de inconstitucionalidad, ante la Corte de Constitucionalidad, en contra de artículos del pacto colectivo vigente. Dicho pacto fue negociado y renegociado varias veces, a espaldas de la ciudadanía, durante anteriores gobiernos. Entonces todo eran risas y avenencias con presidentes como Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Curiosamente, no había mayor crítica hacia esas gestiones.

El actual conflicto del sindicalista Joviel Acevedo y seguidores con el Ministerio de Educación deviene del afán declarado de transparentar y hacer pública la revisión de todas las cláusulas del pacto colectivo. Entre ellas debería figurar el requisito de periódica actualización técnica, pedagógica y tecnológica de los maestros, la obligatoriedad de evaluaciones independientes de rendimiento y la inclusión gradual de docentes egresados de la universidad para emprender la renovación del recurso humano escolar a mediano y largo plazos. Por tratarse de fondos públicos, de una labor en instalaciones públicas efectuada por servidores públicos, nunca se debió tolerar ninguna negociación secreta con ningún sindicato del sector público.

La dilación de la Corte Suprema de Justicia la convierte en tácita comparsa de esta barahúnda de oscuridades: precisamente ayer se cumplieron cuatro meses de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó conocer el amparo en contra de la confidencialidad del pacto colectivo magisterial, la cual fue apañada por la anterior CSJ en mayo del 2024. Los actuales magistrados siguen sin resolver el recurso interpuesto para levantar el hermetismo del pacto, que ha permitido la injerencia jovielista en decisiones como nombramientos, traslados y asuntos disciplinarios que solo competen a la dirección del Ministerio de Educación.

Las inconstitucionalidades presentadas ayer en contra de tales privilegios desatan la reacción de adláteres que solo hacen eco de previas arengas confrontativas. En efecto, la aludida publicación en redes sociales no parece redactada por un maestro competente, dados los errores de puntuación, la displicencia de verbos en gerundio y el tono hepático que deja entrever el pavor a la pérdida de indebidas potestades.

Lo que está en juego no es un aumento de 5, 10 o 15 por ciento: es el futuro de la niñez y la juventud, que merecen aulas dirigidas por maestros competitivos, visionarios, comprometidos con la excelencia, que los hay. Sí, los buenos docentes merecen un salario digno; los mediocres no conocen la dignidad. Cada año, en junio, se premia a maestros brillantes, creativos, innovadores, representantes de tantos más que viven para educar y educan en valores con palabras y acciones. Pero muchos de ellos no tienen posibilidad de ocupar mejores cargos en el sistema educativo y de transmitir sus paradigmas virtuosos a mayor escala porque las negociaciones secretas solo agradan a compinches, aduladores e intolerantes.