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OEA alerta sobre amenazas a la democracia en Guatemala por irregularidades en elección de la Corte
En un segundo comunicado en el día, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Misión Especial denuncia el desacato de sentencias en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y la alteración de reglas electorales en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), advirtiendo que estos vicios […]
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En un segundo comunicado en el día, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Misión Especial denuncia el desacato de sentencias en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y la alteración de reglas electorales en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), advirtiendo que estos vicios comprometen la legitimidad de la máxima instancia judicial del país.
La misión manifestó su preocupación por el amparo provisional otorgado por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, dado que limita la participación para que participen únicamente quienes cuentan con colegiado activo.
Se trata del amparo promovido por los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, con el cual pretenden excluir a politólogos, sociólogos y otras profesiones afines, de las votaciones del próximo 4 de febrero para la elección de magistrados titular y suplente para integrar la CC.
Según la Misión, los profesionales excluidos están legalmente colegiados en el CANG, cumplen con el pago de cuotas, se encuentran sujetos al régimen disciplinario y han participado históricamente en los procesos electorales internos del Colegio.
De acuerdo con la OEA, cualquier decisión que limite su participación debe considerar los principios de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos adquiridos, ya que privar de manera repentina del derecho al voto a un grupo de colegiados obligatorios podría afectar la confianza institucional y debilitar la cohesión interna del CANG.
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CAMBIOS A POCAS HORAS DE LA ELECCIÓN
La Misión de la OEA advirtió que la resolución fue adoptada a muy pocas horas del proceso electoral gremial, lo que genera preocupaciones en términos democráticos.
En su pronunciamiento, la Misión explicó que los procesos de designación de altas autoridades judiciales deben regirse por reglas claras, estables y conocidas con anticipación, por lo que modificar quiénes pueden votar en la fase final del proceso, mediante decisiones judiciales urgentes, plantea dudas sobre la seguridad jurídica y abre espacio a percepciones de que las normas se ajustan a conveniencia de un resultado determinado.
Misión de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en #Guatemala advierte riesgos por exclusiones en el proceso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
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— OEA (@OEA_oficial) February 4, 2026
IMPACTO EN LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Desde la perspectiva de los estándares interamericanos, la Misión recordó que la independencia judicial no solo se garantiza a través de protecciones personales a jueces y magistrados, sino también mediante procedimientos de selección transparentes, coherentes y previsibles.
En ese sentido, la Misión afirma que tanto el amparo provisional otorgado por la Sala Sexta como su eventual revisión por la Corte de Constitucionalidad tendrán efectos directos en la percepción de legitimidad de la CC y del sistema de justicia en general.
LLAMADO
La Misión indicó que continúa dando seguimiento cercano al proceso y realizó un llamado a la Corte de Constitucionalidad, al CANG y a las instituciones involucradas a actuar con responsabilidad y estricto apego al Estado de derecho.
Según el organismo internacional, cualquier definición sobre la participación de los profesionales de ciencias afines debe adoptarse con criterios generales y aplicación hacia el futuro, respetando los derechos de quienes ya forman parte del Colegio y evitando modificar las reglas en función de coyunturas electorales específicas.
Al respecto del tema de la Usac, este martes la misión hizo énfasis en que el llamado de la OEA se refiere al fallo emitido el 13 de febrero de 2025, mediante el cual la CC confirmó un amparo que ordena al CSU convocar de forma urgente a la elección de sus integrantes cuyo período en el cargo ya venció, en un plazo de cinco días.
En su pronunciamiento, la Misión de la OEA resaltó que la regularización del CSU es «indispensable» para preservar la legalidad, legitimidad y certeza jurídica del proceso de designación de magistrados titular y suplente para la CC.