En diciembre del 2022, la Corte de Constitucionalidad confirmó un fallo a favor de los implicados en el escándalo de corrupción IGSS-Pisa, sentenciados en el 2018, pero que en sucesivas apelaciones lograron la exculpación. Quienes no tuvieron segunda oportunidad fueron los 37 guatemaltecos pacientes renales que murieron a causa de complicaciones atribuidas a la mala calidad de las diálisis provistas a causa de tal negocio, firmado en el 2014 y rescindido en el 2015 por tal mortalidad. A raíz de ese caso, en el 2016, el IGSS firmó un contrato con Unops para la provisión de medicamentos al Seguro Social, el cual funcionó eficientemente. En febrero del 2023 ya no se renovó, pese a que se entregaron cuentas y resultados sin queja alguna. ¿Quién paga más ahora por los fármacos?

Hace una semana, el MP emprendió acciones contra el contrato del Ministerio de Salud con Unops, basados en una supuesta denuncia y una trama peliculesca que aún no ha sido corroborada. El fiscal Rafael Curruchiche acusó directamente al presidente Bernardo Arévalo de beneficiarse con tal contrato. El Gobierno señaló que hay un beneficiario: la población, con cuyos recursos se compran medicinas a mejor precio y suministro constante.

Si existen indicios serios de alguna irregularidad, es misión del MP investigar y brindar evidencias. Pero resulta llamativo cómo atienden oficiosamente la denuncia por un contrato suscrito en el 2024 por el actual gobierno, pero nunca hubo resultados de la pesquisa de la compra oscura de vacunas rusas ni sentencia severa contra los implicados en el fraude del Hospital de Chimaltenango, transacciones ocurridas en el gobierno de Alejandro Giammattei. Y eso por no mencionar las 358 denuncias presentadas por la actual Comisión contra la Corrupción.

El asedio contra la democracia, iniciado después del pase a segunda vuelta de Arévalo y continuado posterior a su elección en segunda vuelta tuvo un punto de inflexión cuando el TSE certificó los resultados del proceso eleccionario y la CC amparó la transición de mando para frenar cualquier ruptura constitucional. Todo mundo sabe esa historia y se daba por cerrado tal capítulo, hasta que, en un arranque alucinante, el juez Fredy Orellana ordenó al TSE dictar “nulidad total” de Semilla y de todas las implicaciones del proceso electoral. Exigió al Congreso declarar “vacantes” cargos electos como presidente, diputados y alcaldes, algo improcedente.

La CC pidió informes al Congreso y al Ejecutivo para asegurar la ejecutoria debida del amparo. El Congreso oneroso dijo que respetaba los resultados dictados por el TSE, y el presidente denunció, el 26 de octubre último, un intento de “golpe”, señalando a la fiscal general y al juez Orellana, a la vez que pidió activar la Carta Democrática de la OEA. Porras negó el señalamiento, el TSE dijo que no procede la “nulidad” y hasta el Colegio de Abogados, usualmente ausente, deploró el abuso del juez. La Corte Suprema no dice nada.

A todo esto, la ciudadanía sigue ganando el sustento en un entorno agitado que, de proseguir, pone en riesgo la percepción de estabilidad y certeza jurídica que impacta en el clima de inversión. El Ejecutivo debe acelerar la obra vial rezagada y replantear su estrategia de seguridad, sobre todo en las cárceles. El MP requirió congelar fondos destinados a la provisión de medicinas con Unops, pero ahí sí debería tener cuidado, pues si tal medida causa desabastecimiento o encarecimiento que afecte vidas de pacientes, ¿a quién se podrá culpar? Porque, a la larga, es la ciudadanía la que siempre termina recibiendo el golpe de las ambiciones, animadversiones y pugnas estériles.