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Investigarán a organización criminal señalada de explotar sexualmente a colombianas y venezolanas
Ocho integrantes de la estructura criminal “DMS/Ultra” quedaron ligados a proceso por trata de personas y lavado de dinero.
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El Ministerio Público (MP) informó este martes 19 de agosto que ocho integrantes de la estructura criminal DMS/Ultra fueron ligados a proceso por trata de personas y lavado de dinero.
Agregó que la Unidad contra las Estructuras Criminales, de la Fiscalía contra la Trata de Personas, logró que se dictara auto de procesamiento con base en los indicios presentados.
El MP detalló que el juzgado resolvió ligar a proceso y decretar prisión preventiva contra Irma M. y Fernando M., por trata de personas, asociación ilícita y lavado de dinero; así como contra Carlos R., por los delitos de trata de personas, asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero.
En tanto, Consuelo G. fue procesada por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero; y Joel G., por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución y asociación ilícita.
También fueron ligados a proceso con medida sustitutiva Bylim V. y Astrid S., por los delitos de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución y asociación ilícita; mientras que Juventino G. fue procesado por encubrimiento propio.
Además, el juzgado otorgó un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación.
La organización criminal fue desarticulada el 30 de julio del 2025, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, durante diligencias de allanamiento dirigidas por la fiscalía.
Cómo operaba la estructura criminal
Según el MP, como parte de la investigación financiera, la unidad especializada logró la inmovilización de cuentas bancarias y vehículos vinculados con los integrantes de la estructura.
“La investigación permitió establecer que la organización criminal se dedicaba a la captación, traslado, acogida y retención de víctimas extranjeras, principalmente de origen colombiano y venezolano, con fines de explotación sexual”, afirmó el ente investigador.
Agregó: “las víctimas eran obligadas a permanecer en negocios que operaban con fachada de actividades lícitas —SPA, bares y restaurantes—, pero que en realidad formaban parte de un esquema criminal de trata de personas y lavado de dinero”.
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