Pasar de la denuncia al descrédito es posible cuando se abusa de la protesta. La obstaculización de vías de comunicación tiene como razón la falta de atención del poder público. Los afectados son transeúntes llamados al apoyo de la causa por la justicia contenida en el acto desesperado. Un grupo de padres de familia, más bien madres, impiden la circulación por la falta de maestros para sus hijos durante varios meses. Otros pueden protestar por falta de agua o abandono de la vigilancia policial. Existe una necesidad de solidaridad y jamás ánimo de dañar a otros ciudadanos. No obstante, hay enojo por quienes ven frustrada su actividad laboral o perjuicios más graves al impedirse el acceso a diferentes servicios tales como salud, juicios, entrevistas laborales, etc.

También se ha sido testigo de eventos manipulados por parte de piquetes, algunos pagados y otros de instituciones torcidas. Recuérdese el cierre de la Roosevelt durante la campaña electoral de 2011 para causar exasperación favorable al general Otto Pérez. La mano dura era un ofrecimiento totalmente demagógico, pues no hubo preparación para tratar esos eventos. Así, el 4 de octubre de 2012, una unidad del ejército sin ningún entrenamiento causó seis muertes y dejó 16 personas heridas de bala en el kilómetro 169 de la carretera Interamericana o cumbre de Alaska. De allí en adelante se sigue un procedimiento de convencimiento para restaurar la libre locomoción.

Una manera de observar la mano negra en este tipo de acciones es la cobertura en los videos de internet. Cuando repiten la palabra: pacífico, reiteradamente, es mala seña. Cuando no lo hacen, sino refieren la indignación de ciudadanos, es clara la condena pagada a netcenteros por parte de los poderes fácticos. La ciudadanía formada en la democracia es inmune a ese manejo; pero por algo se hace, pues ingenuos son de fácil convencimiento.

En torno al enjuiciamiento de los eventos, se aprecian dos situaciones: 1. Existen puntos reiterados de bloqueo en las carreteras del país, se acusa a los piquetes de tener una tarifa para realizarlos; y, 2. Muchas veces se señala complicidad a determinados funcionarios de seguridad por no restablecer el libre paso. Se necesitarían pruebas concretas para aceptar esos juicios. Tampoco se puede ser ingenuo cuando se observa, en los puestos de obstaculización, una organización logística, demostrativa de costos y planeación; muy evidente, como en la movilización de octubre de 2023, de alcance nacional.

La incuria de las autoridades se hace evidente cuando los piquetes están formados con muy pocas personas. La utilización de automóviles para formar barreras denuncia la falta de respaldo popular. Un camino se puede cerrar fácilmente atravesando un transporte pesado que cobra el día como si fuera un viaje. Pero hacerlo con tres piedras, una llanta incendiada y 10 personas solo denuncia impunidad para determinados sectores. Las autoridades deben saber cuándo deben actuar, no debiera haber un solo protocolo de actuación. No se puede tratar igual un piquete de 20 personas apoyado por tres carros y cinco motos, a una concentración de 900 o más personas.

Los partidos de trabajadores del siglo pasado formaban a sus militantes con tipologías y una teoría de la organización social para conseguir miembros ilustrados con explicaciones sociológicas fuertes, se formaban criterios para enjuiciar los movimientos sociales. El problema era no aplicarlo a su propia actuación, siempre pintada como ejemplo de desprendimiento. Pero allí estaban los apparátchik como la serpiente en el paraíso.