Hace cien años, en Estados Unidos gobernaba el presidente republicano Calvin Coolidge, quien impuso una fuerte política de aranceles de importación con el objetivo de apoyar, sobre todo, a la base económica agraria, aunque también a la naciente industria que había ganado impulso a partir de la I Guerra Mundial. Coolidge gobernó entre 1923 y 1929, con un buen desempeño económico, hasta que al final de su período empezaron a manifestarse los signos de la llamada Gran Depresión económica de 1929, que repartió pobreza a lo largo y ancho de la Unión Americana.

Su sucesor y correligionario Herbert Hoover, quien solo gobernó durante un período, fue un negacionista de la crisis, basándose, sobre todo, en la declarada superioridad económica de Estados Unidos. Aumentó más los aranceles a las importaciones y también emprendió un programa de deportaciones masivas de migrantes, sobre todo mexicanos, pero también ciudadanos con ascendencia hispana, con un eslogan que ofrecía más empleos para los verdaderos estadounidenses. Ante la crisis económica, Hoover negó ayudas a los ciudadanos y esto hizo decaer su inicial popularidad hasta el punto de no ser reelecto en 1934.

Reza un adagio, atribuido al filósofo español George Santayana, que “quienes no pueden recordar el pasado están destinados a repetirlo”, frase de la cual se connota el valor de reconocer los errores cometidos por tomadores de decisiones en determinados períodos y coyunturas. En este momento no se puede decir, a priori, e incluso a pesar de los factores de hace un siglo, que sea un error la decisión del presidente republicano Donald Trump de imponer un tablero de aranceles a casi todos sus socios comerciales, incluyendo a Guatemala.

Con diferencias de porcentaje y con mayor tasa a ciertos países, ayer, 2 de abril, se concretó la reiterada medida del mandatario, bajo el título “Día de la Liberación”, como ariete promocional de una visión de preeminencia y prevalencia comercial de Estados Unidos. Con Trump y sus asesores, o más bien corifeos, la economía de Estados Unidos se hará más fuerte y su productividad se verá estimulada en sectores que han venido en decadencia o que han tercerizado sus operaciones, trasladándolas a otros países, por costos. El mandatario está seguro de que los consumidores estadounidenses están dispuestos a pagar más caro por productos hechos en la Unión Americana y a resistir el costo de los gravámenes a todas las importaciones foráneas, para castigar a países competidores y rivales geopolíticos, aunque también también a países “amigos”.

La preocupación en el sector exportador guatemalteco se externó hace un mes, pero quizá se guardaba la esperanza de un trato más benigno a un socio comercial y geoestratégico. Está por verse el impacto en la cantidad y el costo de los pedidos de productos agrícolas, manufacturados y textiles, pues ahora enfrentan una tasa de 10% de entrada, lo cual, sin duda, golpeará sus procesos y acicateará eficiencias que tendrán costo laboral. El gobierno de Guatemala señala una violación al tratado DR-Cafta, pero a la luz de lo ocurrido con el T-MEC, no parece un argumento que preocupe al magnate.

Está por verse el impacto en la economía de los hogares estadounidenses. Curiosamente, uno de los grandes argumentos de la campaña trumpista fueron los altos precios de productos durante el gobierno de su antecesor. Grandes fabricantes y distribuidores minoristas verán elevarse sus costos de fabricación, integrada a tercerizaciones globales, gracias al abordaje súbito e inconsulto de la economía.