La semana pasada, se conoció que el Juzgado de Mayor Riesgo C, recibió el expediente que contiene el caso por la muerte de la joven Melisa Palacios, proveniente del Juzgado de Turno de Chiquimula, luego que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decidiera el traslado del expediente al considerar que existen elementos que ponen en riesgo el proceso para la averiguación de la verdad.

No obstante, este martes 1 de julio, las partes fueron notificadas que el expediente no fue trasladado completo a la judicatura de mayor riesgo, pues faltan discos contienen audios de distintas audiencias.

Según la información que se pudo obtener al respecto, el expediente carece de discos con momentos clave del proceso que permitirá al juez en la capital comprender el estado de la carpeta.

La fiscalía señala que fueron notificados de la falta de buena parte de los audios, entre estos, la de la audiencia de primera declaración en la cual el juez Maximino Morales, cuando fungía como juez de Zacapa, ahora juez segundo penal a propuesta del magistrado de la CSJ, Luis Corado; ligó a proceso penal a María Fernanda Bonilla y a José Luis Marroquín al delito de asesinato.

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Así también, se detectó la ausencia del disco que contiene la audiencia de autorización judicial para obtener la información que estaba guardada en el celular de Bonilla y de donde se extrajeron conversaciones que a criterio del Ministerio Público (MP) la incriminan como la posible autora de la muerte de Palacios.

Otra de las falencias detectadas, es una anomalía en el audio de la audiencia en la que Morales autorizó el cambio de delito a favor de Bonilla y Marroquín, donde modificó el delito de asesinato por el de homicidio culposo, ya que el disco que contiene esta audiencia, en el momento que se debe escuchar la grabación del juzgador para conocer su argumentación, carece del volumen adecuado para que la misma pueda ser escuchada por las partes de manera clara.

De la misma manera, el MP advierte que el juez Morales suprimió dos elementos que se consideran claves dentro del caso, entre estos, los mensajes que supuestamente María Fernanda Bonilla habría enviado a una persona en donde consta la posible intensión de esta para dar muerte a Bonilla, situación que esperan que también se dé cuenta por parte del juzgado para determinarse donde se encuentran estos indicios que deberían formar parte del expediente.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

De acuerdo a la información obtenida, la falta de estos elementos fueron informados tanto a la fiscalía como a la defensa y de la misma manera al Juzgado de Turno de Chiquimula de donde provino el expediente hacia la capital.

No obstante, según la cadena de la custodia de estos elementos, dan cuenta que desde el momento en que el caso fue quitado de manos del juez Maximino Morales en Zacapa, esta judicatura no envió dichos audios al juzgado de Chiquimula, por lo que desde ese instante el expediente ya iba incompleto.

Ante esta situación, el Juzgado de Mayor Riesgo C hizo los requerimientos respectivos a los dos juzgados en el oriente del país para que envíen los mismos o expliquen la razón por las cuales estos elementos no constan en la carpeta judicial.

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AMPARO PROTEGE A JUEZ

Por este caso y ante la posibilidad de que el juez Maximino Morales haya recibido sobornos para modificar delitos a favor de los acusados en el caso, la CSJ le retiró la inmunidad en 2022 para que este fuera investigado por las posibles anomalías cometidas.

No obstante, el 6 de septiembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó a Morales un amparo en definitiva, lo que frenó la decisión de la Suprema de dar luz verde a la investigación en su contra, lo que le permitió continuar en el ejercicio de sus funciones.

El pasado 4 de abril se conoció que Morales fue nombrado juez titular del Juzgado Segundo Penal en la capital. Recientemente, una investigación de La Hora, da cuenta que el traslado de Morales fue propuesto por el magistrado Luis Corado y avalado por al menos 10 magistrados de la CSJ, no obstante, el nuevo nombramiento del juzgador que beneficio a Bonilla y a Marroquín, se encuentra en un acta que no fue signada por todos los magistrados.