La Corte de Constitucionalidad merece esta vez una felicitación por haber cumplido su trabajo, al rechazar y con ello eliminar la apelación de hace 13 años con el escandaloso caso de la constructora brasileña para arreglar la ruta C2 a Occidente, abandonada. Para el contrato repartió 12.9 millones de dólares de mordidas a Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi (exministro de Comunicaciones, exdirector de INGUAT, exdiputado, condenado por EE. UU. por socavar la democracia) y aspirante dos veces a la presidencia. Además recibió dinero Manuel Baldizón, quien igualmente lo intentó en un número igual de ocasiones. En el reparto hubo siete cómplices más, dos de los cuales se declararon colaboradores eficaces y así dieron información de primera mano.

Guatemala, vergonzosamente, fue el único país latinoamericano sin presentar la demanda, como lo hicieron nueve más. Odebrecht repartió en América Latina, Europa y Medio Oriente 3,366 millones de dólares, según informes según informes internacionales. En Guatemala fueron sobornados 105 diputados según indican esas investigaciones de dominio público. Ahora falta saber qué sucederá legalmente a todos, pues son ahora culpables pero en libertad al haber terminado sus cargos. Esto es importante, porque no se debe aplicar el viejo refrán “la corrupción se olvida y pasa, pero el pisto se queda en casa”. Es un claro ejemplo de crimen de lesa patria. La CC, a mi criterio, no tomó en cuenta solamente el texto de la ley, sino también su espíritu.

La decisión del caso, olvidado pero ahora resucitado al interés público, beneficia al sistema judicial y a su máxima instancia. Hace despertar siquiera algo de la necesaria confianza de la ciudadanía y constituye una advertencia a la permanencia en el tiempo de la culpabilidad de funcionarios electos o nombrados, además de las decisiones corruptas provenientes de aquellos jueces y magistrados corruptos y quienes lo proponen. Lo ocurrido, si se vuelve regla, no excepción, colaborará contra la corrupción, la peor lacra política del país, fuente del atraso y de la desconfianza en, por ejemplo, invertir fondos en territorio guatemalteco. Sin embargo, otra forma de verlo es considerarlo una acción no plausible, porque la decisión jurídica es la esperada en países con un sistema sólido.

Juez Federal da la mano a muchos niños chapines

Un juez federal ordenó la semana pasada detener la deportación de niños guatemaltecos llegados a Estados Unidos por haber llegado sin acompañamiento de un adulto, cuyo número alcanza 2,011 casos, de los cuales 600 estaban a punto de ser enviados de madrugada a Guatemala. Parecería lógico, pero muchos han sufrido abuso infantil en su tierra y regresar los deja a la deriva. Desde el año pasado son muchas las acciones crueles: los padres han llegado ilegalmente, pero los niños no han roto ninguna ley. Pese a ello, son separados y enviados a ciudades lejanas de climas distintos. Claro: no hablan inglés y están enjaulados cerca de las fronteras a veces junto con sus padres, quienes sí han roto las leyes, pero no así ellos. Es una crueldad sin piedad.

Por todo esto hay una demanda a la funcionaria Kristi Noem, visitante a Guatemala y secretaria de seguridad nacional, y a varios otros funcionarios, sobre la base legal del peligro mencionado para los niños y el incumplimiento del debido proceso. A mí y a miles de guatemaltecos me es imposible entender y aceptar estas acciones, causantes de serios daños psicológicos a los niños y también a los padres a quienes se los arrebataron. Las agencias de prensa internacional ya se han fijado en esta situación y refieren el bloqueo por 15 días de la jueza de Distrito de Washington, pero la decisión del juez federal tiene mucho más fuerza al abarcar todo el país. Es urgente saber las acciones tomadas por la cancillería e incluso por la presidencia. Es simple humanidad.