“¿Por qué fracasan? ¿Quiénes?, los gobiernos y los gobernantes. Quienes ejercen el poder público y están llamados a servir a los demás, ya sea popularmente electos o por nombramiento, desde la más encumbrada posición o desde el más humilde cargo del poder local, ya sea en uno de los organismos del Estado o en la municipalidad más pequeña, ya sea el ciudadano Presidente de la República o el jefe de la más distante aduana, todos son empleados al servicio de la población, porque sus ingresos dependen de nuestros impuestos y de la riqueza que generamos el resto de guatemaltecos. Si fracasan gobiernos y gobernantes democráticamente electos y nombrados: ¿Estará fracasando la democracia?

Reciente informe del PNUD nos recuerda que hemos dejado atrás la larga noche de autoritarismo, asesinatos, desapariciones, torturas y miedo. Aunque surge desesperanza hasta el punto de que más de la mitad de los latinoamericanos estarían dispuestos a sacrificar un gobierno democrático en aras de un progreso socioeconómico real, es evidente que el fortalecimiento de la democracia pasa por el éxito de los gobiernos y de los gobernantes popularmente electos.

No es que la prensa sea contestataria de quienes ejercen el poder público sino ha sido un reflejo, en épocas minimizado y, en otras, maximizado, del sentimiento popular de frustración y desencanto con los gobiernos y los gobernantes. La democracia se construye por medio de la política y, lastimosamente, dadas sus carencias, nuestra sociedad demuestra un rechazo creciente hacia quienes la ejercen.

En primer lugar, no tenemos políticos preparados para gobernar porque lo que ha prevalecido es la improvisación y el caudillismo. En segundo lugar, el Estado ha sido secularmente debilitado, cuestionado y saqueado por diversas hordas de politiqueros y grupos mercantilistas en franco contubernio, amparados por el enfrentamiento armado interno, o por la debilidad institucional o por el maridaje del crimen organizado con estamentos gubernamentales.

En tercer lugar, hemos menospreciado la planificación estratégica nacional abdicando nuestra obligación de determinar nuestro propio destino, dejando que las agendas de los organismos multilaterales y de otros países definan nuestro futuro. En cuarto lugar, la tecnocracia institucionalizada debidamente preparada y competente del sector público es muy reducida, poco cohesionada y débil en su capacidad de propuesta de políticas públicas viables.

En quinto lugar, tampoco disponemos de una gerencia pública suficientemente amplia y competente, orientada al cumplimiento de planes de acción y evaluada en función de resultados. En síntesis, la democracia depende tanto de poder elegir como del fortalecimiento del Estado; así como del éxito de gobiernos y mandatarios o gobernantes en atender las demandas de los mandantes o gobernados.”

Aunque usted no lo crea, lo anterior lo escribí en mi columna de opinión publicada en El Periódico en junio de 2004, hace poco más de 21 años. Lamentablemente, dos décadas después, esta opinión sigue siendo válida, agregándose ahora la proliferación de información real, manipulada o ficticia que circula prolija e instantáneamente a través de las redes sociales, que desacredita, engaña, divide y enfrenta a la población; además del denominado “lawfare” o guerra legal, que busca inhabilitar, desacreditar o deslegitimar al adversario político a través de procedimientos judiciales y acciones penales, a menudo iniciadas con poca o ninguna prueba, para crear una opinión pública desfavorable, destruyendo credibilidad y reputaciones.