Moral y ética política
La renuncia envía un mensaje pedagógico: los cargos no son propiedad privada.
Hace unos años la presidenta del Parlamento de Noruega renunció al revelarse un uso indebido de una vivienda oficial, un caso que nos ayuda a reflexionar sobre la distancia ética y moral que separa a unos países de otros. Su gesto, al dimitir, de inmediato y sin dramatismos, presentando disculpas al pueblo y la disposición de devolver lo erogado por el erario noruego, expresando que era “insostenible que el Parlamento tenga una presidenta que está siendo investigada”, demuestra una cultura política donde la responsabilidad pública pesa más que la conveniencia personal, consciente de que la confianza social es un recurso frágil que se erosiona con cada duda desatendida.
Mientras en nuestras latitudes los líderes políticos, autoridades y funcionarios públicos suelen aferrarse a los puestos, incluso bajo investigaciones graves, esta funcionaria hizo lo contrario: priorizó la institución sobre su posición personal, sin necesidad de escudarse en subterfugios leguleyos. Aunque alegó haber actuado de buena fe, no se escudó en esa explicación para permanecer en el cargo, evitando interferir en la investigación que se abrió el mismo día de su dimisión. Renunciar ante una duda razonable, aunque luego se demostrara que había sido un error involuntario, es coherente con altos estándares éticos y morales.
Los ciudadanos esperamos que las autoridades actúen con austeridad, transparencia, rindan cuentas y nunca propicien ni favorezcan la impunidad; y, que las instituciones, ya sea en Noruega o en nuestro país, estén cimentadas para cultivar y preservar la credibilidad y confianza en el aparato político del Estado.
En Guatemala, en cambio, la ética pública suele reducirse al mínimo legal. Si no hay delito, se asume que no hay problema. La responsabilidad política, esa que exige renunciar cuando la conducta afecta la confianza ciudadana, rara vez se ejerce. Los funcionarios suelen aferrarse al cargo incluso ante investigaciones, escándalos o señalamientos graves. La renuncia voluntaria se percibe como un acto extraordinario, casi heroico, porque rompe con patrones de impunidad y apego al poder.
Sin instituciones fuertes, sin responsabilidad política y sin una ciudadanía que exija coherencia, la distancia entre países seguirá siendo más ética que geográfica.
La diferencia no es solo normativa: es cultural. En Noruega, el servicio público se concibe como una responsabilidad moral, mientras hemos visto que aquí, muchas veces, se considera un espacio de privilegios, enriquecimiento e impunidad. Mientras en Oslo una investigación se anuncia y la presidenta del Parlamento renuncia el mismo día, acá se esconde o retarda la información, que suele ser incompleta o politizada; y la presión social se diluye ante instituciones frágiles, comprometidas, capturadas o cooptadas.
El caso de mérito no es perfecto ni idealizado; es simplemente coherente con una cultura democrática que entiende que la ética pública no se negocia. La renuncia envía un mensaje pedagógico: los cargos no son propiedad privada y la confianza ciudadana vale más que cualquier trayectoria política.
Para nuestro país, mirar estos ejemplos no implica copiar modelos ajenos, sino reconocer que la ética pública es el fundamento de cualquier proyecto democrático serio. Sin instituciones fuertes, sin responsabilidad política y sin una ciudadanía que exija coherencia, la distancia entre países seguirá siendo más ética que geográfica.
En el contexto nacional, tanto por la ingrata experiencia de los gobiernos anteriores y del actual, de cara al año entrante en que se elegirá a los próximos gobernantes, la capacidad, experiencia, visión, patriotismo, valentía y efectividad deben acompañarse de una tesitura ética y moral demostrada de los aspirantes.