Impunidad para los corruptos y persecución ilegal para los inocentes.
El 17 de mayo debe tomar posesión la persona electa por el presidente Bernardo Arévalo para ocupar el cargo de fiscal general y jefe/a del Ministerio Público (MP). Aunque solo faltan 47 días para que eso ocurra, el tiempo pasa despacio para quienes están siendo perseguidos espuriamente a través de la vía penal, como Stuardo Campo, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, que siguen en prisión de manera arbitraria.
Quedan 47 días para que terminen ocho años de una gestión que ha desvirtuado la función del MP.
El mes y medio que queda para que María Consuelo Porras Argueta y su círculo cercano dejen el octavo nivel del edificio de Gerona resulta perjudicial para la democracia guatemalteca, que, cada día que pasa, sigue siendo atropellada por las acciones de la Fiscalía y de sus cómplices en el Sistema Judicial.
No sorprende que en las pocas semanas que les quedan al frente del MP estén quemando los últimos cartuchos y continúen en su intentona golpista que empezó al día siguiente de que Arévalo y Herrera pasaron a la segunda ronda electoral, en junio de 2023. La terquedad es tal, que el viernes pasado, en conferencia de prensa, reforzaron la narrativa del fraude y solicitaron a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral “revisar” las supuestas ilegalidades de las pasadas elecciones generales. No les bastó con lograr la cancelación del partido Semilla, insisten en la nulidad total del proceso.
Pero como no podía ser de otra manera, un día antes, el mismo MP tan “fuerte y firme” contra los actores democráticos y anticorrupción, por medio de Rafael Curruchiche, el tristemente célebre jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), declaraba que la millonaria y opaca compra de las vacunas Sputnik —cuyas anomalías fueron documentadas por la prensa y por el anterior equipo de la Feci— no es un “gran caso de corrupción”, sino “incumplimientos” durante el proceso de compra.
Por si quedaban dudas de su lealtad hacia Alejandro Giammattei, resulta que definieron como hoja de ruta esperar a que el expresidente termine su período como diputado del Parlamento Centroamericano y no pedir el retiro de su derecho de antejuicio sino hasta 2028. ¡¿Por qué no nos extraña?!
Por supuesto que tampoco Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y pareja de Giammattei, está en la lista de exfuncionarios con órdenes de captura. Capaz y “se establezca un hilo conductor desde Estados Unidos”, dijo Curruchiche muy suelto de cuerpo, sin aclarar por qué no lo han hecho hasta ahora, cuando el 1 de diciembre de 2023 el Departamento de Justicia norteamericano sancionó a Martínez bajo la Ley Magnitsky, por estar “involucrado en esquemas generalizados de soborno, incluyendo los relacionados con contratos gubernamentales” como el de las vacunas rusas. El mismo modus operandi de los 8 años de gestión de Porras: impunidad para los corruptos y persecución ilegal para los inocentes.
Por eso alarma que tras la depuración de los expedientes de candidatos a fiscal general, que ahora quedó en 48, continúen siendo parte del proceso Porras Argueta y, según documentó Diario La Hora, también 12 personas que trabajan con ella en el MP o han desempeñado cargos importantes en su administración. La preocupación surge de la posibilidad de que, en lugar de incluir a personas honorables, capaces e idóneas, la comisión le entregue al presidente una lista con seis de estos perfiles cuestionados.
Quedan 47 días para que terminen ocho años de una gestión que ha desvirtuado la función del MP y lo ha convertido en arma de persecución arbitraria contra actores democráticos y de impunidad para personajes corruptos. Las y los comisionados tienen en sus manos una tarea crítica: confeccionar un listado de candidatos capaces de rescatar la Fiscalía y, con ello, resguardar nuestra frágil democracia. ¿Estarán a la altura de las circunstancias?