Las movilizaciones realizadas por los trabajadores de salud deberían poner en el tapete el análisis de las cuestiones de fondo que subyacen en esa problemática.

En primer lugar, hay que explicar las causas que llevaron a debilitar al Estado, planteando la necesidad de “adelgazarlo”. El gobierno de Álvaro Arzú inició este proceso y los siguientes fueron en la misma dirección. Recordemos que hasta se ofrecieron incentivos para que los trabajadores estatales aceptaran un retiro voluntario.

Con la pretensión de reducir un Estado al que se le consideraba “el problema”, comprimir las burocracias fue una prioridad. Esta palabra está muy desprestigiada y se pierde de vista que un Estado requiere, para su funcionamiento adecuado, de una burocracia profesional. Pero, para el neoliberalismo, hegemónico durante cuatro décadas, en su cruzada para deificar al mercado como el regulador “natural” de las sociedades y a los actores privados como los sacerdotes de esa divinidad, reducir al Estado a su mínima expresión era necesario.

Guatemala, que fue un discípulo aventajado de esa visión neoliberal, redujo sustancialmente el número de trabajadores del Estado y se quedó con una burocracia débil, mal pagada y hasta despreciada. Por eso, cuando la realidad rebasó la narrativa neoliberal y se evidenció la necesidad de tener trabajadores suficientes y calificados, el camino que se siguió fue el de la puerta falsa. En lugar de construir una burocracia calificada, a partir de impulsar la carrera administrativa, se asumió la simulación de los “contratos por servicios profesionales”.

El resultado fue que ahora una inmensa cantidad de trabajadores públicos aparecen como contratistas, incluso pueden ser la mayoría. Formalmente se achicó la burocracia, pero realmente se construyó una institucionalidad sin funcionarios.

Por eso, el Artículo 140 de la actual ley del Presupuesto nacional, cuyo cumplimiento exigen los trabajadores del sector salud, es necesario y justo, tanto para el Estado, como para sus trabajadores. Este artículo establece la obligación de que el Ministerio de Salud haga una reclasificación del personal, a efecto de que se trasladen aquellos que aparecen como contratistas temporales al renglón de trabajadores permanentes.

Sin embargo, el problema es que esta decisión no se puede ejecutar fácilmente. Necesita de un proceso administrativo que es complejo y para nada breve.

Pero, además, lo que plantea dicho Artículo es una realidad prevaleciente en todos los Ministerios e, inclusive, en el Estado en su conjunto.

Por todo lo anterior, considero que la pretensión de los trabajadores de que se reclasifique el personal para que deje de existir esa simulación de contratistas es justa. Pero carece de una mirada estratégica, que debería ser inherente a un sindicalismo que recupere su visión transformadora de la realidad, la cual lo inspiró mundialmente.

En Guatemala el sindicalismo público se volvió “blanco”, desideologizado, sin más horizonte que las reivindicaciones concretas de sus asociados. Por eso no le importa el pueblo, no tiene ninguna inspiración transformadora de las condiciones estructurales prevalecientes que provocan desigualdad, pobreza y exclusión. Nada de eso les importa.

Si los liderazgos del sindicalismo público recuperaran dicha inspiración podrían comprender que es indispensable fortalecer al Estado para que cumpla su rol de buscar el bien común. La relación de los trabajadores públicos con su empleador no es de la misma naturaleza que la que existe entre los trabajadores y los patronos en el sector privado.

En lugar de estar peleando entre compañeros sindicalistas para ver quién se sienta a la mesa con el gobierno de turno, deberían impulsar su unidad tanto sectorial (Ministerio de Salud en este caso) como estatal (con el sindicalismo público). Pero no para “poner de rodillas” al Estado para que acceda a sus reivindicaciones específicas, por justas que sean, sino para fortalecerlo a fin de que pueda jugar el rol que ya referimos.

Que se cumpla el Artículo 140 debe ser un propósito por lograr no solo para los trabajadores del sector salud, sino para todos los trabajadores del Estado, pero haciéndolo de tal manera que no lo “desplumen” aún más. El sindicalismo público con una visión transformadora debería buscar una alianza con el Estado para impulsar los cambios estructurales que Guatemala necesita.