El Congreso de la República volvió a dar muestra de su desconexión con la realidad nacional. Con más de 110 votos y bajo la figura de urgencia nacional, los diputados aprobaron que el primer sábado de agosto sea declarado Día Nacional de la Biblia. Como si en Guatemala no hubiera prioridades más urgentes que atender, decidieron jugar a ser promotores de la fe en lugar de cumplir su deber de legislar para resolver los problemas que realmente nos ahogan.

Lo grave no es que reconozcan el valor cultural de la Biblia, un libro fundamental para millones de personas. Lo grave es que lo hagan usurpando funciones que no les corresponden, violentando el principio de neutralidad religiosa consagrado en la Constitución. El artículo 36 garantiza la libertad de religión; el artículo 37 reconoce a las iglesias, pero prohíbe expresamente que el Estado se identifique con alguna confesión. ¿Cómo se justifica entonces que el Congreso adopte como suya la promoción de un texto sagrado de un credo específico, relegando al resto de creencias y a quienes no profesan ninguna?

Para colmo, esta aprobación es redundante e inútil. La Biblia ya se celebra: agosto como Mes de la Biblia en el ámbito evangélico desde hace más de cuatro décadas, y septiembre en el ámbito católico. Nadie les pidió a los diputados duplicar lo que la sociedad ya conmemora libremente. Mientras tanto, la inseguridad crece, la educación colapsa, la salud pública agoniza y la infraestructura se deteriora. Ese es el verdadero mandato incumplido del Legislativo.

La irresponsabilidad es mayor porque se usó la figura de urgencia nacional. Una herramienta reservada para crisis reales fue desperdiciada para aprobar, sin mayor debate, una conmemoración religiosa. ¿De verdad creen los diputados que Guatemala arde porque no existe un “día oficial” para la Biblia? Ese es un insulto al pueblo que espera leyes serias para enfrentar la pobreza, la migración forzada y la corrupción que desangra al país.

El ejemplo internacional es contundente. Países como México y Francia blindaron su laicidad para evitar precisamente este tipo de abusos. En Colombia, la Corte Constitucional tumbó normas que favorecían símbolos religiosos por considerar que violentaban la igualdad ciudadana. Incluso en Costa Rica, donde existe religión oficial, se entiende que el Estado no debe dedicarse a decretar celebraciones bíblicas. Guatemala, en cambio, parece retroceder, utilizando su Congreso para fines confesionales en lugar de construir políticas públicas de impacto.

Con esta decisión, el Congreso no fortaleció la fe, sino que debilitó el respeto a la Constitución, abrió la puerta a reclamos de otras confesiones y envió el mensaje de que en la agenda legislativa cabe todo, menos lo que el país realmente necesita.

La Biblia, como libro de fe, no requiere un decreto para tener vigencia. Lo que sí necesita Guatemala son diputados que dejen de usar la religión como cortina de humo y asuman con seriedad el papel para el que fueron elegidos: legislar con visión, honestidad y respeto al Estado laico. El Congreso necesita una agenda mínima y medible. Menos símbolos, más resultados. Si de verdad creen en valores, empiecen por la honestidad, el trabajo serio y la rendición de cuentas. La laicidad no persigue la fe: la protege de la manipulación y protege al Estado de la arbitrariedad. Rectifiquen: deroguen el decreto.

Un país con retos tan urgentes como Guatemala no puede permitirse dedicar su capacidad legislativa a duplicar celebraciones religiosas mientras la infraestructura, la educación y la seguridad siguen esperando soluciones. La verdadera urgencia nacional está en construir un Estado que sirva a todos por igual, sin distinción de credo.

La fe es un derecho individual y un motor espiritual para millones, pero corresponde a las iglesias y organizaciones religiosas promoverla, no al Estado. Su papel es garantizar la libertad de culto, proteger la diversidad y mantener la neutralidad.