La serie de violentos motines carcelarios registrados durante el mes de agosto —luego del traslado de peligrosos pandilleros a la prisión de alta seguridad Renovación 1— alcanzó un nuevo nivel de amenaza pública, al producirse la retención de tres personas a cargo de servir la comida en el Centro Especializado de Rehabilitación de la zona 13, destinado a custodiar a menores en conflicto con la ley.

Y justo en la penúltima línea del párrafo anterior está la palabra que pone en relieve una laguna legal que deviene en amenaza creciente: una situación estructural, legal y procesal que altera, por no decir sabotea, la reinserción: menores, que están en proximidad con mayores de 18 años que aún sirven sentencia en esos recintos. Según datos oficiales, el disturbio fue promovido por 34 pandilleros adultos. Ilógico, incoherente, perjudicial, pero así está establecido legalmente.

Órdenes judiciales avalaron la intervención de fuerzas especiales policiales para retomar el control del centro. Esto derivó en dramáticas escenas en las afueras de los recintos, en donde supuestos padres de internos reclamaban trato humanitario a sus hijos. Los rehenes fueron rescatados. Durante la operación hubo disparos por parte de recluidos.

Cabe cuestionar: ¿Cómo llegaron esas armas allí? ¿Cómo se coordinan las órdenes para montar esta clase de sublevaciones para exigir el retorno a prisiones previas de los jefes de gavillas criminales. No es la primera reyerta de este tipo, pero sí la primera bajo el nuevo modelo de rehabilitación. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Pina, decreto 27-2003) distingue entre menores y adolescentes; por su propia naturaleza busca un sistema de justicia especializado con énfasis en rehabilitación y restitución.

El patrón de conducta marca que la gran mayoría de alteraciones y transgresiones al orden en estos centros son propiciados por los adultos encerrados con adolescentes. Para terminar con este sinsentido, se propuso, hace más de un lustro, una reforma a un solo artículo de la ley Pina. Este cambio podría posibilitar que, si un joven mayor de 18 años comete cualquier delito en un centro de menores, pueda ser remitido y procesado como adulto en un tribunal. No se puede seguir tratando como niños a quienes no demuestran la menor voluntad de enderezar sus pasos, porque aumentan el riesgo tanto para la ciudadanía como para los propios jóvenes que buscan la reinserción.

Esta vulnerabilidad legal propicia que las pandillas y grupos delictivos utilicen a menores de 18 años para cometer fechorías, en el entendido de que recibirán penas leves por su condición de edad: una protección convertida en aura de impunidad. Situaciones como la acontecida ayer —con rehenes, armas de fuego y heridos— son el llamado de alerta que el sistema debe escuchar. El tema se debe discutir en todas las instancias, comenzando por el Congreso de la República.

Lamentablemente, a la actual legislatura parecen faltarle los suficientes criterios, capacidades e interés civil para abordar esta temática crítica, al igual que una reforma a la Ley del Sistema Penitenciario y al Código Penal, para crear mejores disuasivos contra la actividad criminal. Sí, el sistema correccional juvenil debe centrarse en la recuperación integral de adolescentes que quizá han crecido en hogares desintegrados o con padres no aptos para darles una crianza adecuada. Pero parte de esa protección es, obviamente, alejarlos de adultos maleados que solo dificultarán el proceso de reeducación, socavarán su motivación y sabotearán su futuro.