El simple hecho de provenir de diputados las 25 propuestas de cambios al Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es suficiente para despertar las alarmas. Surgen de un grupo cuyos integrantes se autorrecetaron un obsceno e inmoral aumento a sus ingresos provenientes de sueldos, viáticos y otros gastos, aprobado a pesar de la oposición unánime de un abrumador número de todos los sectores sociales. Los reglamentos son normas para regir el funcionamiento de instituciones o el desarrollo de leyes, las cuales sin estos no significan nada. Hay leyes aprobadas por el Congreso, pero luego la decisión de los reglamentos se engaveta en algún rincón escondido. Decididos, con ignorancia o mala fe, cambian una ley o se burlan del proceso de crearla.

La LEPP es un instrumento político-jurídico, no al revés, porque se aplica al tema electoral, político por excelencia. Por eso lo más importante es buscar dentro del texto exacto y ya decidido el factor puramente lingüístico, porque en caso de duda, es el significado presente en el Diccionario de la Lengua Española, creado por todas las academias de la lengua existentes. Ello obliga a una revisión de la Academia Guatemalteca de la Lengua, porque el español es la lengua oficial. Pocos de estos cambios sugeridos son fundamentales. La mayoría se refieren a temas obvios, como por ejemplo “convocar con suficiente tiempo a los partidos para conocer de señalamientos y revisión de actas”, o “la declaración final se hará mediante un decreto emitido por el TSE”.

Algunos cambios propuestos son aceptables y se refieren básicamente a la necesidad de legislar según las realidades nacidas de la tecnología actual como la inteligencia artificial o el recuento de votos, pero otros necesitan ser aclarados porque la idea es entendible para los ciudadanos, pero se necesitan explicaciones, también con base al significado del idioma español según el DLE. Por ejemplo, la creación del “fiscal informático” por cada partido, con credencial y facultad para auditar sistemas, software e instructivos de captura o transmisión de resultados. Estos dos últimos temas han causado problemas en las elecciones de Colom, J. Morales, Giammattei y Arévalo. Las previas no causaron problemas porque la población confiaba plenamente en el TSE.

También es aceptable no considerar propaganda política los criterios y opiniones de candidatos o precanditatos, porque en este último caso son ciudadanos en ejercicio de la libertad de expresión. Es necesario, con base al DLE, definir términos —como propaganda, períodos previos a la campaña, precandidatos— y regular el uso de medios electrónicos, como los celulares. Se castiga la difusión de noticias falsas o la manipulación con inteligencia artificial. Falta establecer requisitos para emitir esas opiniones: nombre, identificación en todo el espacio utilizado, prohibición de delitos incluidos en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento, LEPP, o cuando los políticos-candidatos tienen el derecho de aclaración ante calumnias, injurias o difamaciones.

Un factor necesario, creo yo, es establecer la corresponsabilidad legal de quien recibe un mensaje electrónico falso, calumnioso, y lo reenvía a más usuarios, quienes al hacer lo mismo multiplican el mal hecho. Una persona no puede evitar la recepción de mensajes, porque no depende de su voluntad, pero la repetición es un hecho voluntario. Entonces no es campo de la LEPP, sino del Derecho Penal. Es urgente porque el próximo proceso electoral puede volverse pocilga política, a causa del exceso de partidos politiqueros. A mi juicio, hay consenso en la necesidad de cambios, pero no pueden ser tantos ni referirse a temas de poca importancia. La democracia ha perdido prestigio y eso explica el apoyo a los regímenes totalitarios predictatoriales