El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, confirmó durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 18 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura que se presentó ante el Ministerio Público (MP) la denuncia correspondiente por los hechos señalados por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre procesos de adopción ilegal ocurridos en la década de 1980 en Guatemala.

Saavedra indicó que, en la denuncia presentada por la PGN, la institución también solicitó ser admitida como querellante adhesiva, con el objetivo de contribuir activamente en la investigación que se derive de estos hechos.

“La Procuraduría General de la Nación presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, activando el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso”, aseguró Saavedra.

También indicó que la intervención de la institución se ha dado siempre en “situaciones delicadas” que han requerido la protección inmediata de la niñez y la adolescencia, como ocurrió con el caso Lev Tahor.

Los hechos

El lunes 16 de febrero, expertos de la ONU dieron a conocer en Ginebra, Suiza, un comunicado en el que indicaron haber recibido información sobre “al menos ochenta niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales”, ocurridas entre 1968 y 1996.

En este caso, la ONU señaló que los menores fueron entregados en adopción luego de ser llevados al hogar temporal Elisa Martínez, donde se asegura que la actual fiscal general, Consuelo Porras, era la directora y tutora legal de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982, y que estaría vinculada con los hechos.

En respuesta a las acusaciones la fiscal general, realizó la publicación de un mensaje en la red social X en donde afirma:

“Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente, las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas que han sido difundidas en mi contra”.

Según Porras las acusaciones “carecen de sustento probatorio y son completamente malintencionadas, mismas que, lejos de tutelar los derechos humanos, los vulneran y distorsionan”.