La antigua Corte Suprema de Justicia (CSJ), que dirigió Oscar Cruz, realizó decenas de traslados de jueces durante su corta gestión, desde que fueron electos para culminar el periodo 2019-2024. En 11 meses, los exmagistrados decidieron trasladar a 125 togados del Organismo Judicial (OJ).

La información fue proporcionada por el Consejo de la Carrera Judicial a través de la Ley de Acceso a la Información Pública y abarca los traslados desde el 15 de noviembre, cuando la antigua CSJ asumió el poder, hasta el 13 de octubre, cuando finalizó su período y asumió la nueva magistratura.

TRASLADOS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

De acuerdo con los registros del Sistema de Reportes del Consejo de la Carrera Judicial, en los últimos cuatro años la Suprema de Cruz fue la segunda en realizar más traslados de jueces en el OJ.

El periodo con más traslados –en comparación con el tiempo de la última CSJ– fue de noviembre de 2021 a octubre de 2022. En ese entonces, la presidenta de la Suprema era Silvia Valdés, sancionada por el Departamento de Estado de EE. UU. bajo la lista de personajes corruptos y antidemocráticos.

Bajo la presidencia de Valdés se trasladaron a 135 jueces. La expresidenta fue sancionada por “socavar procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos”.

El segundo período con más traslados corresponde al que presidió Cruz, de noviembre de 2023 a octubre de 2024. Dicha CSJ se caracterizó por una pugna entre los 12 exmagistrados y Cruz. Sin embargo, el tercer y cuarto lugar, también corresponden al tiempo de Valdés, con 104 y 117 traslados de jueces respectivamente.

CSJ DE CRUZ FUE SEÑALADA POR TRASLADOS

Para abril, la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados del OJ manifestó su preocupación respecto al movimiento de «jueces y juezas que la Corte Suprema de Justicia» había dispuesto. La asociación resaltó que la Suprema estaba confundiendo la figura de nombramiento con la de traslado. Extremo que afectó a varios juzgadores.

La asociación resaltó que la facultad de «traslado, confirmación y de nuevo nombramiento, debiera tener presentes las condiciones familiares, laborales y económicas de los jueces y juezas, aspectos también protegidos constitucionalmente».

«Al ordenar traslados sin parámetros que sean comunicados, se anula la posibilidad de defensa y se afecta algunas condiciones básicas para una pronta y cumplida administración de justicia», resaltó el comunicado.

MOVIMIENTOS QUE RESALTAN

Entre los cambios que resaltan se encuentra el del juez Marco Antonio Villeda Sandoval, a quien la CSJ decidió remover del Juzgado de Extinción de Dominio. El togado destacó durante 13 años por ordenar el despojo de bienes al crimen organizado y exfuncionarios que adquirieron propiedades y fortunas por medio de actividades ilícitas.

Villeda Sandoval pasó a ser juez del Tribunal Octavo de Sentencia Penal desde el pasado 9 de julio de 2024.

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Otro cambio fue el de la jueza Patricia Elizabeth Gámez Barrera, quien desde 2009 laboró en un Juzgado Penal de Sacatepéquez, pero para junio de 2024 fue trasladada a un Juzgado de Turno en la Villa de Mixco.

Gámez no aceptó el cambio, puesto que aseguró que lo que a la CSJ le correspondía realizar en ese momento era un nombramiento en cuanto a su plaza, pero realizó un traslado. De esa cuenta, interpretó dicha decisión como un “despido indirecto con fraude de ley” y renunció.

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La jueza Marjorie René Azpuru Villela compartió el criterio de Gámez, pero ella decidió presentar los recursos legales para revertir la decisión de la CSJ. Azpuru era juzgadora del Juzgado Noveno Penal y fue trasladada al Tribunal Quinto de Sentencia Penal.

«Se incurrió en una severa contradicción al “confundir” la figura del nombramiento con la figura de traslado de juez, las cuales son figuras legales distintas, con procedimientos distintos y efectos legales diferentes», reclamó la juzgadora a la alta Corte.

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