El proceso de la fiscalización en Guatemala está llegando a un nivel de precisión y alcance sin precedentes. Herramientas como la factura electrónica (FEL), las declaraciones digitales y los sistemas interconectados permiten a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) realizar un seguimiento casi inmediato de las operaciones de los contribuyentes. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando predominaban las facturas en papel y los procesos de verificación eran lentos y poco efectivos, hoy la SAT puede fiscalizar en tiempo real, detectando inconsistencias entre los ingresos reportados y las compras de bienes y gastos de los contribuyentes, entre otros más.

En este análisis nos referimos específicamente a las personas individuales, sin importar si están registradas o no ante la autoridad tributaria, ya que el control aplica por igual para todos. Muchas veces, por desconocimiento o descuido, no prestan la debida importancia a la congruencia entre sus declaraciones fiscales, el crecimiento de su patrimonio y gastos que efectúan. Una de las recomendaciones más relevantes es declarar correctamente todos los ingresos, y en los casos en que no exista obligación de reportarlos, en su defecto, contar con documentación que respalde legalmente su procedencia. Esto adquiere especial relevancia cuando los gastos o compra de bienes de una persona superan las rentas que ha declarado oficialmente, o bien cuando no presenta ninguna declaración, pero se evidencian compras y desembolsos, hechos que generan inconsistencias que son cuestionadas por la autoridad tributaria.

La SAT ha sido clara en señalar que este tipo de incongruencias no pasan desapercibidas. Hace más de un año informó haber identificado múltiples casos de contribuyentes que adquirían vehículos, inmuebles, joyas y bienes de lujo, o realizaban gastos elevados que superaban con creces los montos reportados en sus declaraciones. Incluso, se detectaron situaciones en las que personas con evidente capacidad económica no declaraban absolutamente nada. En ese entonces, la autoridad tributaria procedió a citar a los contribuyentes para que explicaran y sustentaran la procedencia de su capital económico.

Es importante tener presente que existen fuentes de fondos legítimas que, si bien no siempre se declaran, requieren de un respaldo documental que demuestre su legalidad. Entre ellas podemos mencionar: dividendos que ya pagaron el impuesto correspondiente, pero cuya declaración se omitió. Préstamos recibidos, ya sea de familiares o terceros, que deben formalizarse mediante contratos y documentos bancarios. En estos casos, la SAT también puede requerir al prestamista justificar el origen del dinero prestado. Las remesas familiares, que constituyen una de las principales fuentes de ingresos en el país, igualmente deben estar sustentadas con la documentación respectiva. Cabe destacar que dichas remesas no están sujetas al impuesto sobre la renta en Guatemala, en virtud de que provienen de connacionales que generan esos recursos mediante su trabajo en el extranjero; honorarios por servicios prestados en el exterior, que pueden ingresar al país mediante transferencias bancarias y que, en muchos casos, requieren un análisis particular para definir si son objeto de imposición en Guatemala.

Los actuales procedimientos de fiscalización evidencian la importancia de contar con documentación legal que respalde los fondos obtenidos. Toda operación, ya sea un gasto relevante, la compra de vehículo, joyas, bien inmueble, etc., debe estar sustentada con el soporte correspondiente que demuestre el origen del efectivo utilizado. De lo contrario, el contribuyente se expone a procesos de fiscalización que pueden derivar en ajustes y sanciones.