El país continúa con el enfrentamiento entre el oficialismo, por un lado, y las mafias, por el otro. El gobierno hace acuerdos para lograr resultados positivos, como contar con un fiscal general comprometido con el cambio del MP y conseguir un Contralor General de Cuentas afín a los sectores honestos. Son logros; pero están limitados por el dominio del sistema judicial por las mafias, que siempre inclinarán la balanza en favor de corruptos y criminales.

Tres magistrados de la CC han cumplido las órdenes del sector privado de bloquear el nombramiento de Menkos en el Banguat. Esta sesgada CC, que nada hace con relación al secuestro de la Usac y los abusos de Mazariegos y su CSU, de nuevo socava al Poder Ejecutivo. CACIF y Embajada dictan lo que hay que hacer –incluso para los operativos militares y sumisión del ejército a Washington– y han hecho que la CC pase de su condición de “candado para proteger sus intereses” a la nueva función de dictadora de la política nacional.

La atmósfera está enrarecida y se notan las acciones de la derecha para “convencer” a la ciudadanía de que solo sus candidatos pueden traer “seguridad y prosperidad”. El incremento de la violencia no es casual, incluso con acciones, como en Huité, que rayan en lo político, como ocurrió ya en las postrimerías del gobierno de Colom, para empujar a la población en ese entonces a inclinarse por la “mano dura” de Otto Pérez. Ese error fue corregido, en 2015, al lograrse su renuncia; pero, lamentablemente, el sistema político no se transformó.

Ahora, candidatos de la derecha –Pineda, Sandra, Ramos, Zury y Roberto Arzú– han empezado a promover la “bukelización” del país, y también a olvidar la soberanía y reforzar el servilismo frente al “supremacismo gringo”, como dice el informe reciente de ASIES. Todas esas variantes de derecha, puestas las y los candidatos ante Trump como si fueran candidatas a Miss Universo, consideran que el país requiere de estados de excepción, para hacer y deshacer sin garantías individuales, y someter a la población a una dictadura tipo Bukele– dictador expuesto en informe reciente: «Human Rights Watch califica de «burla de la justicia» los juicios masivos en El Salvador».

Creo que, ante los hechos de las últimas semanas, el estado de sitio debiese ser impuesto; pero ahora, por el gobierno de Arévalo, para controlar a las mafias en todas sus manifestaciones: crimen organizado; asesinatos y violencia vía sicarios; socavamiento del régimen constitucional; latrocinio a manos llenas, compra de votos en el Congreso y abusos autoritarios; manipulación del sistema judicial; y dictadura de tres magistrados en la CC.

No obstante, no parece que el presidente Arévalo lo haga, con la esperanza de que sus “enemigos” le permitan terminar su período de gobierno. Espera, todavía, que las entidades políticas que lo han apoyado ganen el Poder Ejecutivo con alguien que lo herede. ¡Imposible! Por ello, es necesario que el Pueblo tome el timón del Estado, no por vía del Internet, que no es más que un estimulante, sino con la presencia en las calles, como con valor el pueblo francés hace actualmente.