Existe un buen número de diputados de quienes no cabe esperar nada bueno: tránsfugas de clóset, herederos de partidos muertos en vida o financiados por dineros corrompidos por el narco, la corrupción y cobros de comisiones; por supuesto, están los traficantes de influencias y trocadores de favores. Algunos de ellos están conexos con ciertos integrantes de la desfachatada postuladora que configuró una nómina gris de aspirantes al Tribunal Supremo Electoral, en la cual intercalaron nombres con tachas. Detrás de esta lesiva y temeraria maniobra, en la que se juega hasta el nombre de las universidades a las que pertenecen, hay subrepticios vasos comunicantes con grupúsculos legislativos que ya están repartiéndose nombres de titulares y suplentes de un hipotético TSE hipotecado desde antes de ser elegido.

Por eso mismo es necesario y urgente que sean resueltos, en favor de la ciudadanía, del Estado y del futuro de la democracia, los recursos y objeciones interpuestos en contra de la nómina amañada. No debería hacer falta que el Gobierno de Estados Unidos se pronuncie para saber lo que ocurrirá si se elige entre la lista de los que se quieren pasar de listos.

Lo ocurrido con la postuladora de Tribunal Supremo Electoral exhibe el colapso total del modelo de comisiones de postulación, y no se puede ni se deben esperar cinco años para corregir el entuerto. Es sintomático que haya demasiado silencio entre bancadas que se dicen fiscalizadoras, o partidos que ya se publicitan a favor de la transparencia y como adalides de la transformación política. Lo mismo cabe decir de los delfines presidencialistas que ya andan con aires mitineros, con el mantra de supuestos cambios. Posiblemente, en realidad, quieren un TSE debilitado, sojuzgable y endeudado con sus votos matreros.

El próximo Tribunal Supremo Electoral no solo debe organizar los siguientes comicios. Antes de que llegue el día de las elecciones generales, con todos sus desafíos logísticos, debe poner orden en la exigencia de finanzas partidarias claras, oportunas y comprobables. Es insensato y contraproducente para la democracia participativa que los gastos de las organizaciones políticas se sigan reportando en glosas físicas y discrecionales. En tiempos digitales, cualquier adquisición de bienes y servicios debe registrarse mediante factura electrónica; lo mismo cabe decir de todo tipo de donaciones dinerarias. En otras palabras, el siguiente TSE debe blindar al sistema democrático del país contra la infiltración de oscuros patrocinadores que solo buscan permear estamentos del Estado a fin de proseguir con sus trasiegos y tropelías.

Los pronunciamientos de distintos sectores sobre la necesidad de revisar la nómina y procurar una correcta y transparente elección en el Congreso no debe pasar inadvertida, ni debe apartar la atención ciudadana de los otros procesos como el de integración de la nómina para fiscal general o para designar magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los cuales deben ser también transparentes en fondo y forma, y no dejar dudas como las que existen sobre la legitimidad de la elección celebrada por el Consejo Superior Universitario (CSU).

La institución que ejerce la máxima rectoría del sistema político del país debe tener a los mejores profesionales posibles. A propósito, el fallo de un juez que le enmendó la plana al Ministerio Público y envió el caso Trep al ámbito administrativo también le devuelve su lugar al Tribunal Supremo Electoral. No se trata de que sus integrantes titulares y suplentes queden exentos de rendir cuentas; por el contrario, son los primeros llamados a llevar procesos de decisión probos, y eso es justo lo que está amenazado esta vez.